La sesión plenaria celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares no solo estuvo marcada por la moción para reclamar el cierre del CAED (Centro de Acogida, Emergencia y Derivación) impulsada por PP y Vox, sino también por la intervención de dos representantes vecinales que, con discursos firmes y argumentados, trasladaron públicamente su malestar con el mantenimiento de estas instalaciones del Ministerio de Inclusión en la ciudad complutense.
“No es racismo, es sentido común”
La primera intervención correspondió a Nadia Cabanillas López, en representación de la Mancomunidad del Parque del Ángel, una zona colindante con el antiguo cuartel de Caballería donde se ubica el CAED. Cabanillas arrancó su intervención agradeciendo a la joven víctima de una reciente agresión sexual y a la persona que la socorrió: “Ambos son el ejemplo de valores cada vez más escasos: lucha, valentía y dignidad”.
Desde ese punto de partida, denunció que su presencia no respondía a un hecho aislado como la agresión, sino a “un problema estructural que lleva presente desde el minuto uno de la apertura del centro en 2023”. Con un tono vehemente, cargó contra lo que calificó como “oscurantismo” en torno al funcionamiento del CAED y planteó preguntas sin respuesta para los responsables institucionales: “¿Qué proyectos de inserción real se hacen dentro? ¿Qué programas de formación? ¿Cuántos recursos reciben?”.
A juicio de la representante vecinal, el centro funciona “más como un módulo de respeto de la prisión de Alcalá-Meco, que como un espacio digno para personas que huyen de situaciones extremas”. Criticó la falta de actividades durante el día y la imagen de “jóvenes vagando por parques y centros comerciales sin nada que hacer”.
Además, negó rotundamente que reclamar el cierre del CAED sea una actitud racista. “Estamos hartos de que nos digan cómo debemos sentirnos, pensar y expresarnos para no ser catalogados”, subrayó. Como ejemplo de integración espontánea y planificada, recordó que “familias alcalaínas acogen cada año a niños saharauis”, y propuso una alternativa concreta: un sistema de acogida voluntaria en domicilios particulares, “como se hizo con los refugiados ucranianos”.
Cabanillas lanzó un reto directo a los representantes políticos: “¿Quién se compromete hoy públicamente a acoger en su casa a alguno de estos jóvenes? ¿Quién predica con el ejemplo?”. Y concluyó con una frase que resonó en el Salón de Plenos: “La miseria no se combate con más miseria. No deberían querer para los demás lo que no quieren para sí mismos”. Puedes escuchar íntegro su discurso aquí.
Ciudad 10: preocupación por la seguridad y la convivencia
En una línea más institucional, pero igualmente crítica, se expresó María Dolores Díaz, vocal del colectivo vecinal Ciudad 10, otro barrio cercano al centro de acogida. Comenzó señalando que su postura se plantea “desde el respeto a los derechos humanos” y con “conciencia de la complejidad migratoria”, pero también con una “creciente preocupación” por las consecuencias de tener un CAED en esa ubicación.
Díaz detalló varias situaciones que han generado malestar entre los vecinos desde la apertura del centro: “Presencia continuada de grupos sin ocupación clara, búsqueda en contenedores, abandono de basura, enfrentamientos internos, comentarios inapropiados a menores y, más recientemente, una gravísima agresión a una mujer”.
“Los adolescentes evitan circular por la zona y muchos jóvenes ya no quieren ir al centro comercial cercano, tras haber sido objeto de situaciones incómodas”, aseguró. También hizo referencia a la inquietud de las familias del colegio próximo al CAED, “preocupadas por comportamientos impropios ajenos a la convivencia habitual del entorno escolar”.
A diferencia de otras intervenciones más políticas, Díaz se centró en la falta de idoneidad del emplazamiento y en el deterioro del entorno: “Ni los vecinos ni las personas acogidas están en las condiciones adecuadas. Ellos también merecen recursos y espacios dignos”. Por ello, propuso al Ayuntamiento que reclame al Gobierno central la reubicación del centro en instalaciones más adecuadas, en otro municipio, y con los medios necesarios “para garantizar tanto la atención de los usuarios como la seguridad de los barrios afectados”. Puedes escuchar íntegro su discurso aquí.
La representante de Ciudad 10 cerró su discurso apelando a la unión de todos los partidos para despolitizar el problema: “Dejemos a un lado intereses partidistas e ideológicos. Lo que está en juego es la convivencia, la seguridad y el bienestar de todos los alcalaínos”.
Un llamamiento a la unidad política
Estas intervenciones ciudadanas reflejaron una desafección creciente entre parte del vecindario y una exigencia común: mayor transparencia, recursos y soluciones reales para una integración efectiva.
Una brecha abierta entre vecinos, instituciones y modelo de acogida
La jornada plenaria dejó patente que la situación del CAED ha dejado de ser únicamente una cuestión administrativa o técnica para convertirse en una fuente de conflicto social y político. Las voces vecinales no solo criticaron la gestión del centro, sino también la falta de diálogo y de medidas reales que respondan a las inquietudes del entorno.
Mientras algunos grupos insisten en la necesidad de mantener espacios de acogida y evitar discursos excluyentes, otros subrayan la falta de planificación y el impacto directo que estos recursos pueden tener en la convivencia local si no se gestionan con eficacia.
El caso de Alcalá de Henares se suma así al debate nacional sobre el modelo de acogida de personas migrantes y refugiadas, el papel de las entidades locales, la distribución territorial de estos centros y la necesidad de equilibrar solidaridad con eficacia. Un equilibrio, por ahora, difícil de alcanzar.
