Las dos mociones y su correspondiente exposición de motivos que VOX Alcalá presentará en el próximo Pleno municipal son:
Instar al gobierno local a que presente un proyecto de presupuestos para el año 2022 antes de que finalice el año natural
El presupuesto municipal es el plan económico y financiero anual vinculado a la estrategia formulada por el Gobierno de la ciudad, por lo que se convierte en una herramienta clave para la gestión pública, sirviendo a la planificación, programación, control y seguimiento y evaluación de las actuaciones municipales.
Es, por tanto, un documento de gran importancia, para dicha planificación, dado su carácter limitativo en relación con los gastos en él recogidos, que permite diseñar las condiciones y posibilidades de la acción municipal. La estructura presupuestaria proporciona un control en la gestión y toma de decisiones teniendo en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, las finalidades y los objetivos que se pretenden conseguir mediante el desarrollo y los servicios prestados por la Entidad a lo largo del año.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local establece en Art. 112. 1. Que las entidades locales aprueban anualmente un presupuesto único que constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer, y de los derechos con vencimiento o que se prevean realizar
durante el correspondiente ejercicio económico. El Presupuesto coincide con el año natural y está integrado por el de la propia entidad y los de todos los organismos y empresas locales con personalidad jurídica propia dependientes de aquélla.
A su vez, dicha ley, en el su art. 112.3. nos indica que una vez aprobado inicialmente el Presupuesto, se expondrá al público durante el plazo que señale la legislación del Estado reguladora de las Haciendas locales, con objeto de que los interesados puedan interponer reclamaciones frente al mismo. Es decir, que una nueva prórroga del presupuesto municipal, supondría una pérdida de participación ciudadana.
Conforme al art. 112.4 LRBRL,“la aprobación definitiva del Presupuesto por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse”. De aquí que el art. 168 TRLRHL establezca que el Presidente de la Entidad formará el Presupuesto General y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el art. 166.1 TRLRHL y en este artículo, al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.
El presupuesto municipal es el principal instrumento para poner en práctica la estrategia política para el año siguiente. El actual presupuesto, aprobado en el primer cuatrimestre de 2020, y que se pretende prorrogar no refleja la respuesta adecuada a las necesidades de Alcalá de Henares. Estos presupuestos, a los que en condiciones previas al tsunami covid19, ya le presentamos casi 50 enmiendas a la propuesta de gasto, y dónde se hacía una previsión de ingresos irreales basándonos en las ordenanzas actuales de tasas e impuestos, no pueden reflejar la organización económica de Alcalá a día de hoy.
Cada vez se hacen más necesarios unos PRESUPUESTOS DE EMERGENCIA. Unos presupuestos que emanaran de la reflexión sobre aquellas partidas de gasto de las que Alcalá de Henares pudiese prescindir para el año próximo; una reflexión real de las posibilidades de ingresos que va a tener nuestra ciudad y una reflexión sobre cómo afrontar el mantenimiento de nuestra economía actual.
Ya adelantamos hace tiempo que después de la crisis sanitaria, vendría la crisis económica y social. Y, por desgracia, no nos equivocamos. Los últimos datos del paro en nuestra ciudad, nos dice que estamos en un momentos económico y social difícil. En la última semana hemos conocido los datos de desempleo en nuestra ciudad, aumentando considerablemente por primera vez en seis meses, situándose en 14.500 personas paradas.
A lo largo de la ejecución de los presupuestos actuales el equipo de gobierno nos ha propuesto modificaciones importantes en la parte de ingresos. Esta es otra señal de lo que venimos exponiendo, los presupuestos prorrogados actualmente no reflejan la realidad de nuestra ciudad y es necesario un nuevo presupuesto para nuestra ciudad.
No utilización del llamado lenguaje inclusivo en los documentos y áreas de atención ciudadana del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
El lenguaje inclusivo supone la inobservancia de las normas y reglas ortográficas y gramaticales en el uso del lenguaje, «evitando el empleo de ciertas expresiones o palabras que podrían considerarse que excluyen a grupos particulares de personas, especialmente palabras específicas de género, como “hombre”, “humanidad” y pronombres masculinos, cuyo uso podría considerarse excluyente». Este uso suele revelarse artificioso, expresado comúnmente con desdoblamientos que incluyan a ambos sexos al margen de situaciones de ambigüedad o justificadas por razón de énfasis, llegando a generar un uso manifiestamente tautológico e incluso cacofónico del lenguaje.
La Real Academia de la Lengua Española (en adelante, «RAE»), institución cultural dedicada a la regularización lingüística entre el mundo hispanohablante, interpreta el término lenguaje inclusivo desde dos posibles prismas. Por una parte, como un uso del lenguaje donde se incluya de forma expresa a la población femenina, rechazando el ya omnicomprensivo género masculino cuando se quiere hacer referencia tanto a hombres como a mujeres.
La RAE señala expresamente «que se entiende a veces por lenguaje inclusivo aquel en el que las referencias expresas a las mujeres se llevan a cabo únicamente a través de palabras de género femenino, como sucede en los grupos nominales coordinados con sustantivos de uno y otro género. Desde este punto de vista, sería inclusiva la expresión los españoles y las españolas, y no lo sería, en cambio, la expresión los españoles, aun cuando el contexto dejara suficientemente claro que abarca también la referencia a las mujeres españolas. También se considera “inclusiva”, en esta misma interpretación del término, la estrategia de emplear sustantivos colectivos de persona, sean femeninos (la población española), sean masculinos (el pueblo español), así como la de usar términos nominales que abarquen en su designación a los dos sexos (como en toda persona española, en lugar de todo español)».
Por otra parte, la institución contempla una segunda interpretación, la tradicional y comúnmente aceptada por los hispanohablantes: el uso del masculino genérico para referirse a todos, tanto hombres como mujeres, cuando el contexto indica incontestablemente eso. Así, la ilustre academia señala lo siguiente:
«En la segunda interpretación, la expresión lenguaje inclusivo se aplica también a los términos en masculino que incluyen claramente en su referencia a hombres y mujeres cuando el contexto deja suficientemente claro que ello es así, de acuerdo con la conciencia lingüística de los hispanohablantes y con la estructura gramatical y léxica de las lenguas románicas. Es lo que sucede, por ejemplo, en expresiones como “El nivel de vida de los españoles” o “Todos los españoles son iguales ante la ley”».
Así, puede sostenerse la idea de que el lenguaje inclusivo nació para superar presuntas barreras discriminatorias para las mujeres. No obstante, como se verá más adelante, la construcción del lenguaje inclusivo atiende a razones que esconden un cierto desconocimiento de las reglas de la lengua española.
El informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo
El 10 de julio de 2018, los medios de comunicación se hicieron eco de una solicitud a la RAE de la por entonces Vicepresidente del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, la señora Calvo Poyato. La entonces Vicepresidente encargó a la academia un estudio sobre «la adecuación de la Constitución Española a un lenguaje inclusivo, correcto y verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres».
La RAE presentó el informe el 20 de enero de 2020. En un prolijo texto de más de 150 páginas repasó la polémica suscitada a raíz del uso del lenguaje inclusivo.
En términos generales y a la luz de los argumentos expuestos, la RAE parece decantarse por la evolución natural de la lengua española sin necesidad de recurrir a imposiciones ni recomendaciones con base en razones ideológicas. Así, sobre el denostado uso del masculino genérico por parte de ciertos sectores de la clase política alega su necesidad conceptual, señalando lo siguiente:
«Un tratamiento equilibrado del problema pasa por reconocer al masculino genérico el gran servicio que aporta a la organización semántica de los contenidos. Anularlo en el uso implicaría borrar una casilla de enorme utilidad en el sistema de la lengua. Hacerlo desaparecer sería una empresa difícil y casi imposible, pues el género es un arquetipo conceptual, lógico, necesario en todas las estructuras mentales. La causa de tal condena, su relación directa con el androcentrismo cultural, no es cierta».
De igual modo, invoca el principio de economía lingüística, expresándose en los siguientes términos:
«A la velocidad de la luz circulan por Internet textos como algunos capítulos de la Constitución bolivariana de Venezuela o circulares de algunas asociaciones escolares. La aplicación rígida de las duplicidades llevaría a extremos que harían extraña una sola frase y, mucho más, un discurso. Basta comparar estas secuencias:
— Asistieron todos los vecinos afectados. Asistieron todos los vecinos y todas las vecinas afectados o afectadas.
— Los profesores premiados están convocados. Los profesores y las profesoras premiados y premiadas están convocados y convocadas.
[…] Por el contrario, un uso no controlado por la prudencia estilística aboca a discursos artificiales, indigestos y negativos para la causa que persiguen».
Por último, cabe destacar lo que refiere en su apartado «Ni condenar ni exigir»:
«Negar que el masculino genérico incluye en su significado y en su referencia a ambos sexos es chocar contra una evidencia secular, constatada por una abrumadora presencia en los corpus textuales. Vetar su uso es criminalizar una estructura gramatical inocua que ha representado todo un hallazgo de las lenguas romances y que ha venido funcionando como expresión aséptica durante siglos en su aplicación a personas y a animales. […] Pero eliminar por decreto el masculino genérico e imponer su sustitución obligatoria por dobletes es una empresa de “despotismo cultural” (en su sentido dieciochesco) y seguramente abocada a la frustración.»
Por tanto, la RAE se opone a la imposición arbitraria del lenguaje inclusivo dirigida desde instancias alejadas del hablante común cuyas motivaciones son de tipo, más bien, ideológico: grupos de presión, instituciones públicas, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, etc. Transformar los usos y costumbres lingüísticos habituales de los hispanohablantes, asentados tras centurias de crecimiento, desarrollo y consolidación natural del idioma, está fuera de los fines de la RAE:
«Entre las tareas de la Academia relativas al buen uso del español está la de recomendar y desestimar opciones existentes en virtud de su prestigio o su desprestigio entre los hablantes escolarizados.»
La propuesta francesa contra el lenguaje inclusivo
El pasado 23 de febrero de 2021, integrantes del grupo parlamentario La République en Marche, formación política socialdemócrata liderada por el actual presidente de la República francesa, D. Emmanuel Macron, y algunos diputados de otras fuerzas políticas registraron en la cámara baja un proyecto de ley para la «prohibición del uso del lenguaje escrito inclusivo por las personas físicas o jurídicas responsables de una misión de servicio público» (en adelante, «el proyecto de ley n.° 3922»).
El texto legislativo proclama la oposición de estos diputados, así como el de una significativa parte de la población francesa a la que representan, hacia el lenguaje inclusivo como un medio más para alcanzar una presunta igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Además, rechaza su imposición por esconder «una decisión personal y militante» por parte de sus promotores, modificando para tal fin la ortografía y gramática del francés. De esta forma, señala el proyecto de Ley, «[…] los activistas del denominado lenguaje “inclusivo” han estado utilizando todos los medios para imponer a la. sociedad su visión muy personal y para nada de la mayoría» sobre la lengua francesa. Asimismo, los firmantes e integrantes del partido político socialdemócrata de D. Emmanuel Macron advierten del ataque directo a algunos de los fines y funciones de la lengua francesa, como son la cohesión nacional y social y la proyección de la cultura francesa en el mundo. Así, señalan que «La lengua nacional es un factor de integración, pertenencia e influencia de la cultura francesa».
Los proponentes también aducen argumentos de autoridad: la Academia francesa, homóloga francesa de la RAE, advirtió el 26 de octubre de 2017 de la ilegibilidad del lenguaje inclusivo y la consecuente lógica complejidad para utilizarlo de modo habitual en el día a día. Igualmente, declaró el riesgo de obtener por resultado una especie de lengua «deconstruida», es decir, un sistema de reglas ortográficas y gramaticales carente de firmeza y solidez, fruto de una subversión por motivos ideológicos. Para esta alta autoridad, de triunfar el lenguaje inclusivo peligraría el futuro de la lengua francesa, la francofonía y la herencia cultural de las generaciones futuras, incluso la posición geopolítica del francés en las relaciones internacionales.
En su declaración oficial, la Academia Francesa señalaba expresamente lo siguiente:
«[…] la Academia Francesa lanza unánimemente una advertencia solemne. La multiplicación de marcas ortográficas y sintácticas que induce (el lenguaje inclusivo) da como resultado un lenguaje desunido, dispar en su expresión, creando una confusión que raya en la ilegibilidad. Es difícil ver cuál es el objetivo y cómo se pueden superar los obstáculos prácticos de la expresión escrita, la lectura, visual o en voz alta, y la pronunciación. Esto incrementaría la tarea de los educadores. El lenguaje inclusivo complicaría aún más a los lectores […] En esta ocasión, menos como guardián de la norma que como garante del futuro (la Academia francesa) lanza un grito de alarma: ante esta aberración “inclusiva”, la lengua francesa se encuentra ahora en peligro de muerte […] Ya es difícil adquirir un idioma, ¿qué pasará si el uso le agrega formas segundas y alteradas? ¿Cómo pueden las generaciones futuras crecer en intimidad con nuestra herencia escrita? En cuanto a las promesas de la francofonía, serán destruidas si la lengua francesa se lo impide por este redoblamiento de la complejidad, en beneficio de otras lenguas que la aprovecharán para imponerse en el planeta».
Asimismo, cabe destacar que el Ministro de Educación Nacional, D. Jean-Michel Blanquer, expresó su rechazo a la idea de introducir el lenguaje inclusivo en los libros de texto de los estudiantes franceses. En el mismo sentido, el 21 de noviembre de 2017, el por entonces primer ministro francés, D. Edouard Phillipe, aprobó una normativa interna relativa a erradicar el lenguaje inclusivo de los textos oficiales publicados en el Journal officiel de la République frangaise. Por último, los parlamentarios recalcan las palabras de la ministra de Cultura, Dña. Roselyn Bachelot, que calificó el lenguaje inclusivo como «un planteamiento elitista».
Por último, los miembros de La République en Marche hicieron referencia a la preocupación de los expertos en dislexia, dispraxia y disfasia por los problemas añadidos generados por esta clase de lenguaje. Asimismo, los discapacitados pueden verse especialmente afectados, especialmente quienes sufren ceguera.
Esta suma de complejidades crea obstáculos para la amplia mayoría de francoparlantes «[…] ya que marca una ruptura entre el lenguaje hablado y escrito», amén de las razones arriba mencionadas.
Por lo tanto, quienes secundan el proyecto de Ley pretenden prohibir en cualquier clase de documento y comunicación emanada de la Administración Pública francesa la utilización del denominado lenguaje inclusivo por parte de las Administraciones públicas y el personal a su servicio. Concretamente, recoge el proyecto de ley n 3922 el siguiente artículo:
«En los documentos administrativos, el uso de la denominada escritura inclusiva, que designa prácticas editoriales y tipografías destinadas a reemplazar el uso del masculino, cuando se usa en sentido genérico, una grafía que enfatiza la existencia de una forma femenina está prohibida. Este artículo es de aplicación a los documentos elaborados por las administraciones mencionadas en el artículo 1º de L.100-3 y por los organismos y personas encargadas de una misión de servicio público industrial y comercial, para documentos elaborados en virtud de esta misión.»
El lenguaje inclusivo entorpece el funcionamiento de la Administración General del Estado
Estas complicaciones derivadas del uso del lenguaje inclusivo pueden verse con frecuencia en los medios de comunicación, en los parlamentos, en las empresas y en los centros docentes, por citar algunos lugares. Desafortunadamente, cada vez es más habitual escuchar a políticos, periodistas, empresarios, profesores y otras personalidades, con mayor o menor presencia pública, utilizarlo con lógica dificultad dada su extravagancia poco práctica. Ya sea por motivos ideológicos, por sumarse a las modas o, simplemente, por desconocimiento de las consecuencias de su utilización, el lenguaje inclusivo avanza en España, curiosamente, entre las clases dirigentes, pero no entre los españoles de a pie.
Sirva de ejemplo una rueda de prensa protagonizada por Dña. María Isabel Celaá Diéguez. El 8 de marzo de 2019, la señora Celaá Diéguez, por entonces ministra portavoz del Gobierno, utilizó el lenguaje inclusivo para felicitar el Día Internacional de las Mujeres. El resultado fue algo accidentado: «Me permito recordarles que hoy es el Día Internacional de las Mujeres. Así que celebramos juntas, y juntos también, este día importante para nosotras, importante para lo que significa la igualdad, la lucha por la igualdad, que sostenemos conjuntamente. Así que espero que ustedes pasen, ustedes, vosotros y vosotras, ustedes, ellos y ellas, un buen día en el avance de los derechos de igualdad».
En la hemeroteca política española también resonó con fuerza los deslices lingüísticos de la ex ministra de Igualdad, Dña. Bibiana Aído Almagro, con su «miembros y miembras», así como el más reciente «Fuerzos y Cuerpas de Seguridad del Estado» de la señora Montero Gil, actualmente ministra de Igualdad del Gobierno presidido por D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
Estas manifestaciones son prueba suficiente del torpe lenguaje inclusivo. No es práctico, pues, trasladarlo a los documentos, comunicaciones y escritos de la Administración Pública, en general, y la Administración General del Estado, en concreto.
Los perjuicios superan con creces a los beneficios, tal y como se ha visto en las razones expuestas por los diputados franceses en la proposición de Ley citada. Además, es preciso recordar las máximas por las que debe guiarse nuestra Administración Pública plasmados en el artículo 103.1 nuestra Carta Magna, según el cual «la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho».
A la vista de los hechos y ejemplos meritados, no parece que el lenguaje inclusivo coincida con los principios de actuación de la Administración Pública. Más bien, lejos de ser un instrumento eficaz al servicio de los ciudadanos, representa un fenómeno obstructivo a favor
de tendencias de cariz ideológico que estorba, molesta e incómoda la fluidez de la interlocución, escrita o verbal, entre emisor y receptor.
La Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales y al bien común de los españoles. El lenguaje inclusivo nace con propósitos exclusivamente partidistas ajenos al sentir mayoritario de los ciudadanos y a sus usos y costumbres como hispanohablantes. En definitiva, y como bien señala la Propuesta de Ley.
Dentro del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Alcalá de Henares (2018-2030) se contempla, como objetivo, la incorporación de este tipo de lenguaje en los documentos y áreas de atención ciudadana del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Conclusión
Eludir el valor genérico del masculino gramatical supone un retroceso en el uso correcto de la lengua española. El lenguaje inclusivo es un fenómeno lingüístico deliberado por instancias ajenas al uso diario del español por parte de los hispanohablantes. Como se ha visto, obedece a fines de tipo ideológico. No responde a los usos y costumbres habituales de los mismos, sino que pretende imponer de forma forzosa y arbitraria unos hábitos ortográficos y gramaticales alternativos.
Por ende, la extensión del uso del lenguaje inclusivo a la Administración Pública presta un nulo servicio a sus fines. No supondría un reconocimiento de la evolución de los usos de lengua española, sino un ejercicio de coerción administrativa al imponer a los administrados una forma de comunicación decidida por un colectivo de forma consciente. Una propuesta, por tanto, con escaso empuje popular. A todo ello se añade el evidente coste para las arcas públicas, tanto económica como laboralmente, que supone acudir a un estilo que prescinde del principio de economía del lenguaje y utiliza innecesariamente desdoblamientos. En suma, una inobservancia del respeto a los principios consagrados en la Constitución Española en su artículo 103.1 y desarrollados en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, como el principio de «servicio efectivo a los ciudadanos» y de «simplicidad, claridad y proximidad».
Es por todo lo expuesto, por lo que desde el Grupo Municipal Vox propone el siguiente acuerdo:
ACUERDO
- No utilizar y en su caso eliminar el uso del denominado lenguaje inclusivo en los documentos oficiales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, así como de los documentos, folletos, informaciones, notas de prensa, etc. en que participe directa e indirectamente el Ayuntamiento.
- No implementar el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Alcalá de Henares (2018-2030) en lo referente al uso del lenguaje inclusivo
