La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha manifestado este jueves que las conclusiones conocidas ayer del informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre el desalojo, el pasado de mes de enero, de un grupo de migrantes de un centro de acogida en la ciudad complutense, no hace más que dar la razón a su equipo de Gobierno sobre la política «injusta e insolidaria» del Ejecutivo central con los inmigrantes llegados a la ciudad desde Canarias.
En concreto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha concluido que la Administración Pública vulneró los derechos de los migrantes desalojados del centro de acogida del Ensanche el pasado enero y ha pedido que se declare contrario al derecho internacional de derechos humanos y al derecho fundamental a la integridad física y moral que se abandone a personas migrantes en situación de irregularidad y de especial vulnerabilidad.
En palabras de Piquet, el escrito, que concuerda con una denuncia de la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la Administración Pública por dejar en estado de alegalidad y abandono a estas personas especialmente vulnerables, viene a ratificar su propia denuncia sobre la forma de actuar del Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Migraciones.
La alcaldesa se ha manifestado muy crítica, sobre todo, con el entonces ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, y con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quienes «trataron de tapar su inaceptable trato» a los inmigrantes «a base de insultar» al equipo de gobierno de Alcalá «llamándole racista y xenófobo».
Cambio en la política migratoria
Para terminar, la primera edil alcalaína ha vuelto a exigir al Gobierno de España que rectifique su política migratoria en la ciudad complutense y presente un Plan de Seguridad y Convivencia para la integración de las más de 3.600 personas que han llegado a Alcalá «sin ningún proyecto».
En concreto, los fiscales actúan a raíz de una demanda de la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado en el que se denunciaba que en enero de 2024 la Administración Pública había desalojado de un centro de acogida y derivación de Alcalá de Henares a un grupo de migrantes en situación administrativa irregular y especial vulnerabilidad, quedando en estado de alegalidad y abandono.
El procedimiento se tramita ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en virtud de la denuncia de dicha asociación por presunta vulneración del derecho fundamental a la vida, integridad física y moral, libertad y seguridad y tutela judicial efectiva.
Desde la asociación aseguraron que el caso denunciado afectaba a personas migrantes procedentes «en su mayoría» del «entorno geográfico subsahariano, que en 2023 entraron en España de forma administrativa irregular por las Islas Canarias».
Según la denuncia, la Administración Pública les expulsó del centro «sin darles una solución u orientación acerca de su situación jurídica en España» ni solución habitacional ni «medio alguno de subsistencia».
En el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el fiscal Manuel Campoy defiende que la Administración Pública demandada vulneró «el derecho fundamental de integridad física y moral de las personas migrantes concernidas» al «generar una situación de riesgo relevante de lesión» para ellas.
