Para el PP de Alcalá de Henares, la decisión de llevar a cabo esta investigación responde a la preocupación creciente por la posible existencia de un conflicto de intereses en los procedimientos de contratación pública durante esa etapa.
La portavoz adjunta del equipo de gobierno actual, Orlena de Miguel, fue la encargada de exponer los motivos que han llevado a la creación de esta comisión. En su intervención, De Miguel explicó que se habían realizado ya dos investigaciones internas relacionadas con contratos adjudicados a empresas vinculadas a familiares de las concejalas socialistas Patricia Sánchez y Blanca Ibarra. Según la información presentada, los contratos en cuestión ascienden a una suma cercana a los 40.000 euros y fueron adjudicados a empresas de comunicación y artes gráficas mediante contratos menores, un procedimiento más ágil que no requiere licitación pública.
Uno de los puntos clave en el debate del pleno fue la Ley de Contratos del Sector Público, la cual en su artículo 16, apartado 1-g, prohíbe la contratación con el sector público de personas que tengan vínculos familiares directos con cargos electos, tales como cónyuges, ascendientes o descendientes. Ante esta posible infracción, el gobierno local ha decidido actuar por dos vías. Por un lado, se llevará el caso al ámbito judicial para determinar si hubo responsabilidades legales. Por otro lado, se ha creado la comisión de investigación aprobada en el pleno para evaluar las responsabilidades políticas que podrían derivarse de estos hechos.
El objetivo principal de la comisión, según detalló De Miguel, será comprobar si efectivamente hubo un conflicto de intereses en las contrataciones. También se buscará determinar si las concejalas involucradas influyeron de alguna manera en la adjudicación de los contratos y si se llevó a cabo algún procedimiento formal para aclarar la situación, como marca la normativa.
Durante su intervención, Orlena de Miguel subrayó la falta de explicaciones por parte del exalcalde Rodríguez Palacios, quien, hasta la fecha, no ha emitido ninguna declaración oficial sobre las acusaciones. «Esperemos que en la Comisión de Investigación tenga a bien dar la explicación que hasta ahora ha evitado», manifestó la portavoz adjunta, en clara alusión a lo que consideró una actitud recurrente del PSOE al evitar dar respuestas sobre cuestiones delicadas relacionadas con la gestión pública.
En la misma línea crítica, De Miguel destacó que, lamentablemente, no es la primera vez que se plantean casos similares en el ámbito socialista. Recordó ejemplos recientes de otros Ayuntamientos gobernados por el PSOE en los que se han otorgado contratos a familiares de altos cargos, como la contratación de la esposa de la Directora de Igualdad para la gestión de los denominados «Puntos Violetas», destinados a la atención de mujeres víctimas de violencia de género. También mencionó otros casos que están en proceso judicial, los cuales afectan directamente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y a miembros de su familia, lo que, según la portavoz, evidencia una tendencia preocupante de mezclar lo personal con lo público en las esferas de poder socialista.
La comisión de investigación, cuya creación ha sido respaldada de forma unánime por todos los grupos del pleno, se constituirá en las próximas semanas y comenzará a analizar la documentación y los testimonios relacionados con las contrataciones en cuestión. Se espera que el resultado de esta investigación pueda arrojar luz sobre las posibles responsabilidades políticas y legales que se derivarían de estos procedimientos de adjudicación.
