El Partido Popular de Alcalá de Henares presentará una moción en el pleno de este martes, 19 de mayo, en la que propone rechazar cualquier proceso de regularización masiva de inmigrantes que no esté acompañado de planificación, recursos suficientes y consenso con las entidades locales.
En este sentido, instan al Gobierno de España a garantizar que cualquier medida en materia migratoria incluya una memoria económica adecuada que cubra el impacto en los servicios municipales, así como que las entidades locales participen en la definición de las políticas migratorias que les afectan directamente.
En esta línea desde el PP reclaman una política migratoria basada en la legalidad, el control ordenado de flujos y la integración efectiva vinculada al empleo.
Durante su exposición de motivos, los populares recuerdan que “el Gobierno de España ha abierto el debate sobre posibles procesos de regularización masiva de inmigrantes en situación irregular, una medida de enorme trascendencia que, de llevarse a cabo sin planificación ni consenso, supondría un grave impacto sobre los servicios públicos y la capacidad de gestión de los ayuntamientos”.
En este sentido, aseguran que “las entidades locales, como administración más cercana al ciudadano, son las primeras en asumir las consecuencias directas de este tipo de decisiones: atención social, escolarización, vivienda, seguridad y convivencia. Sin embargo, una vez más, el Gobierno plantea adoptar decisiones de gran calado sin garantizar la financiación ni los recursos necesarios para los municipios”.
En su argumentación explican que “experiencias anteriores han demostrado que las regularizaciones masivas, cuando no van acompañadas de políticas integrales y recursos suficientes, generan efecto llamada, desbordamiento de los servicios públicos y tensiones en la convivencia, trasladando la presión a los ayuntamientos”.
Los populares recuerdan que “ciudades como Alcalá de Henares ya soportan una elevada carga en materia de servicios sociales, atención a colectivos vulnerables y gestión de la diversidad, sin que exista una compensación adecuada por parte del Estado”. “Resulta irresponsable plantear una medida de este alcance sin diálogo con las entidades locales, sin memoria económica y sin un plan realista de integración, evidenciando una vez más una forma de gobernar basada en anuncios políticos sin evaluar sus consecuencias reales”, afirman.
Por eso, subrayan que “la política migratoria debe ser ordenada, legal, vinculada al empleo y coordinada con las administraciones locales, evitando medidas improvisadas que comprometan la sostenibilidad de los servicios públicos”.
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