Los socilaistas complutenses destacan que el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Alcalá de Henares de este martes ha vuelto a evidenciar la falta de proyecto y sensibilidad social del Gobierno municipal de PP y VOX, que ha votado en contra de las tres mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista, todas ellas centradas en cuestiones de máxima relevancia para la ciudadanía: la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el apoyo a la educación especial y la transparencia en la gestión de la Policía Local. Para el portavoz socialista, Javier Rodríguez Palacios “ayer vivimos un rodillo contra las familias del CPEE Pablo Picasso, contra la posibilidad de tener datos sobre el funcionamiento de la Policía Local y contra el feminismo”.

PP y VOX se niegan a respaldar la igualdad real entre mujeres y hombres

La primera moción socialista proponía recuperar el consenso institucional en torno a fechas clave como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, así como reforzar la participación del tejido asociativo en las políticas de igualdad y avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas municipales.

El PSOE advertía que el deterioro del acuerdo político que durante años permitió impulsar políticas públicas en defensa de los derechos de las mujeres es preocupante y supone un retroceso para toda la ciudad.

PP y VOX votaron en contra de esta propuesta que buscaba garantizar derechos fundamentales y proteger símbolos que representan décadas de lucha por la igualdad. “Durante años las instituciones han mantenido un consenso en torno a la defensa de la igualdad. Este consenso se ha debilitado porque la estrategia política del PP pasa por acomodarse a la extrema derecha”, señalan desde el Grupo Socialista.

La derecha dice no al apoyo de la educación especial pública

La segunda moción defendía a la comunidad educativa del Colegio Público de Educación Especial Pablo Picasso, que lleva denunciando desde hace tiempo problemas graves: ratios elevadas, falta de personal especializado y deficiencias en las instalaciones.

El PSOE recordaba que este centro cumple una función esencial para garantizar el derecho a la educación del alumnado con mayores necesidades de apoyo y que la sociedad se mide por cómo trata a quienes más ayuda requieren. La propuesta reclamaba revisar las ratios del centro, reforzar al profesorado especializado, incorporar los tres docentes de refuerzo comprometidos y actuar sobre las deficiencias estructurales detectadas.

PP y VOX votaron en contra de proteger a los más vulnerables, dejando al colegio sin respaldo y poniendo en riesgo la atención adecuada a niños y niñas con necesidades especiales. “Han decidido dar la espalda a quienes más necesitan apoyo, evidenciando su desprecio por la educación inclusiva y de calidad. Las familias y profesionales del CPEE Pablo Picasso merecen ser escuchados”, denuncian los socialistas.

Negativa a la exigencia de transparencia en la policía local

La tercera moción socialista reclamaba información sobre distintas actuaciones de la Policía Local, tras el último Consejo Local de Seguridad, donde el portavoz del PSOE no pudo obtener respuesta a varias preguntas sobre el funcionamiento de los servicios públicos de seguridad.

Entre los asuntos sobre los que se solicitaba transparencia se encontraban: el uso de agentes de paisano, la organización de la unidad de prevención de bandas juveniles, la situación de la unidad canina y los criterios aplicados para la utilización de cepos en vehículos.

El voto en contra de PP y VOX impidió que el Ayuntamiento respondiera a estas cuestiones básicas de control y rendición de cuentas. “No responden sobre los objetivos de los servicios de policías de paisano, ni sobre los términos en los que funciona la unidad de bandas juveniles. Nos surgen muchas dudas sobre las políticas en materia de seguridad si quien las desarrollaba está siendo investigado por una presunta violación”, reseña Rodríguez Palacios.

En palabras de Rosa Romero, concejala portavoz de la formación: “Hay 270 alumnos en un colegio que se planificó para 80, unas ratios pensadas en 1990 para una realidad educativa distinta y un único montacargas en vez de ascensores. Cuando se avería son los padres y profesores quienes suben a sus espaldas a los alumnos con movilidad reducida a clase. Es indigno. En cuanto a las ratios, sobre el papel hay aulas con siete u ocho alumnos, pero no es lo mismo atender a siete personas con necesidades moderadas que atender a siete con plurideficiencias, problemas de comunicación, necesidades sanitarias o conductas complejas. Por eso familias y profesionales del centro llevan tiempo reclamando revisar las ratios en función de la realidad del alumnado. La educación especial no puede convertirse en un sistema que a duras penas sobrevive gracias al esfuerzo extraordinario de las personas que trabajan en él, debe funcionar con una gestión y una planificación pública. Urge contratar más personal sanitario, de apoyo educativo y técnico especializado.”

“Por estos motivos alrededor de mil personas se manifestaron hace unos días en Alcalá. Nos hacemos eco de estas demandas y las llevamos al Pleno, buscando que el Ayuntamiento se una para presionar todos juntos a la Comunidad de Madrid, exigiendo soluciones. Sin embargo, la alcaldesa Judith Piquet y su Gobierno PP-Vox han vetado esta posibilidad. Están faltando a su obligación como Gobierno de Alcalá. Deberían solucionar lo que está en su mano y defender a sus vecinos trasladando las necesidades a la Comunidad de Madrid. No es la primera vez que pasa, ni en Alcalá ni en la Asamblea de Madrid. Allí siempre hay un muro por parte del Gobierno de Ayuso, ni soluciones ni respuestas ni un mínimo de escucha activa y empatía, solo balones fuera y desprecio a las reivindicaciones de las familias”, concluyen desde Más Madrid Alcalá.

El Partido Popular de Alcalá de Henares ha exigido al exalcalde Javier Rodríguez Palacios que dé explicaciones tras las conclusiones del dictamen de la Comisión de Investigación aprobadas hoy en el Pleno del Ayuntamiento, que considera acreditado que durante el mandato del ex alcalde socialista se produjeron pagos municipales a empresas vinculadas familiarmente con concejalas de su gobierno.

La primera teniente de alcaldesa, Isabel Ruiz Maldonado, ha sido contundente al señalar que “no estamos ante una persecución política, sino ante hechos documentados en expedientes, facturas y acuerdos administrativos del propio Ayuntamiento”.

Ruiz Maldonado ha subrayado que la comisión ha puesto de manifiesto “una realidad que algunos intentan ocultar”: la existencia de decisiones adoptadas dentro del Ayuntamiento que beneficiaron a empresas con vínculos familiares directos con responsables políticos del anterior gobierno.

“Esto no es una interpretación. Son documentos oficiales. Y todos conducen a la misma conclusión: que durante ese mandato se produjeron situaciones que hoy generan serias dudas desde el punto de vista político y de ejemplaridad”, ha afirmado.

La edil ha señalado directamente al exalcalde como máximo responsable político: “Cuando se pagaban esas facturas, Rodríguez Palacios era el alcalde. Cuando se aprobaban, Rodríguez Palacios era el alcalde. Y cuando nadie actuó para evitarlo, Rodríguez Palacios seguía siendo el alcalde”.

En este sentido, ha insistido en que “lo ocurrido no es un problema técnico ni jurídico, sino un problema político que refleja una forma de gobernar que no puede repetirse en una administración pública”.

Ruiz Maldonado ha criticado con dureza la reacción del PSOE y Más Madrid, a quienes acusa de “intentar desviar el debate con votos particulares y argumentos jurídicos para evitar asumir responsabilidades políticas”.

“Lo que estamos viendo es el manual de siempre: negar los hechos, confundir a la opinión pública y atacar a quienes investigan. Pero los hechos no se pueden negar porque están en los expedientes”, ha añadido.

Finalmente, la primera teniente de alcalde ha lanzado un mensaje directo al exalcalde: “Rodríguez Palacios no puede actuar como si esto no fuera con él. Fue el alcalde. Y los vecinos de Alcalá merecen saber qué ocurrió y por qué se permitió”

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha presentado en el Pleno ordinario de este mes de marzo, una moción en la que manifiesta su rechazo a la imposición de menús halal en centros de titularidad pública y centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales.

La iniciativa responde al proyecto de Real Decreto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que contempla la obligatoriedad de incluir este tipo de menús dentro de la oferta alimentaria en determinados centros. Desde VOX consideran que “esta medida supone una imposición ideológica que afecta a las tradiciones, la cultura y la dieta mediterránea, además de tener un impacto económico en los servicios públicos”, aseguraba el portavoz local de VOX, Víctor Acosta.

La moción presentada por VOX recoge, entre otros puntos, el rechazo a la implantación de menús halal en centros públicos, la defensa de la gastronomía tradicional española, el apoyo al producto nacional y la exigencia de que quienes residan en España respeten las costumbres del país.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Víctor Acosta, ha señalado que “no podemos permitir que, bajo pretextos de convivencia, se impongan modelos culturales ajenos que nada tienen que ver con nuestras tradiciones ni con nuestra identidad como sociedad”. Asimismo, ha añadido que “defender nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestras costumbres no es incompatible con el respeto, pero sí lo es aceptar imposiciones ideológicas que perjudican a los vecinos”. La iniciativa ha resultado rechazada con el único voto a favor de VOX, el resto de partidos políticos han votado en contra.

En el mismo Pleno, también han sido aprobadas las conclusiones de la comisión de investigación que ya fueron adelantadas por el Grupo Municipal VOX el pasado mes de febrero. Dichas conclusiones señalaban presuntas responsabilidades administrativas y posibles indicios penales en relación con la actuación de las ediles socialistas Blanca Ibarra y Patricia Sánchez. Además, Víctor Acosta ha destacado que “precisamente en el Pleno de hoy, en el que se aprobaban las conclusiones de la comisión de investigación, la señora Ibarra ha presentado su renuncia al acta de concejal”.

Acosta ha valorado este hecho afirmando que “hoy se confirma lo que VOX lleva semanas denunciando: que existen presuntas responsabilidades que deberán ser asumidas y, en su caso, investigadas por las instancias correspondientes”. En este sentido, ha subrayado que “nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas es firme, y vamos a seguir trabajando para que ningún comportamiento irregular quede sin esclarecer”.

Además, el Grupo Municipal VOX recuerda que en la bancada socialista no son solo estas ediles las que presuntamente han cometido irregularidades, y señala que “el señor Blázquez está siendo investigado por la UDEF por la presunta comisión de diversos delitos penales durante su gestión al frente de la Ciudad Deportiva”. Desde VOX insisten en que continuarán defendiendo en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares los intereses de los vecinos, la legalidad y la transparencia institucional, tanto en la fiscalización de la acción de gobierno como en la defensa de las tradiciones y valores de la sociedad española.

Texto del comunicado:

• “Cuando el Gobierno PP-Vox habla de “Comisión de investigación” alguien podría pensar que se trata de un equipo independiente que audita y saca conclusiones en un informe. En realidad, quienes controlan la Comisión son concejales del propio Gobierno municipal del PP y Vox.

• Esto ni siquiera está judicializado. Si hubiera algún delito lo debe determinar un tribunal de Justicia, no el Gobierno PP-Vox disfrazado de juez para atacar a sus rivales políticos.

• Más Madrid no tiene un solo caso de corrupción. Hemos gobernado la capital con Carmena, tenemos concejales en casi todos los Ayuntamientos y gobernamos 9 municipios de la Comunidad: en el ADN llevamos la transparencia. Desde el 15-M la izquierda ha gobernado desde los Ayuntamientos más grandes hasta Ministerios sin un solo caso de corrupción en nuestras filas. Ni el PP ni el PSOE pueden darnos ni media lección. Mucho menos Vox cuando sus cachorros de Revuelta se han quedado el dinero para la DANA, tienen tarjeta roja en el minuto 1. Tolerancia cero con la corrupción, venga de donde venga. Nuestro criterio siempre es el mismo: que la Justicia investigue con garantías. Véase cómo Más Madrid votamos a favor de que la Ciudad Deportiva Municipal se persone en la investigación judicial sobre su gestión en la etapa socialista, algo que hemos pedido extender a más legislaturas y a la actualidad. Esto no presupone culpabilidad alguna, es exigir luz y taquígrafos.

• Precisamente porque la corrupción es un asunto muy grave debemos ser capaces de diferenciar lo que es un caso de corrupción de lo que es lawfare o una simple persecución política fabricada para que tenga eco en prensa. Esparcir basura en todas direcciones, como hacen el PP y Vox, no es luchar contra la corrupción, es mezclarlo todo para confundir al personal. Es hacer pasar por corrupción lo que no lo es para despistar a la gente y que así la verdadera corrupción, que está en otro lado, quede impune. Si a nivel mediático “todo es corrupción” nada lo es. No hay mayor mentira que el “todos son iguales”, una frase que no avalan los datos, que diluye responsabilidades y es un aval para la impunidad. Justo es lo que quieren los corruptos, que la gente piense que “todos son iguales” para no ser señalados directamente, pasar desapercibidos e irse de rositas.

• Si el Gobierno PP-Vox va contra las concejalas socialistas Patricia Sánchez y Blanca Ibarra también debería ir contra sí mismo. Las empresas que injustamente PP-Vox han puesto en la diana han contratado con total normalidad con el Ayuntamiento bajo Gobiernos de todos los colores políticos, incluido el actual, y desde muchos años antes de que Sánchez e Ibarra fueran concejalas.

• La Comisión se ha destinado a fabricar titulares cuando las concejalas socialistas dieron explicaciones al respecto. PP y Vox han utilizado esta Comisión política como un juguete para desviar la atención de asuntos que, a diferencia de este, sí están judicializados: el presunto delito de infidelidad en la custodia de documento por el que la alcaldesa Piquet está investigada y por el que pronto declarará Alfonso Serrano, y el caso FP, que salpica a Ayuso y tiene una ramificación en Alcalá. Cuando había alguna novedad judicial el PP convocaba la Comisión de investigación que preside pero cuando no la hay se tira meses sin convocarla, guardando sus conclusiones en un cajón. Cualquiera diría que el PP tiene miedo de lo que pasa en los tribunales y por eso necesita crear en el Ayuntamiento un tribunal que controlen ellos mismos, como si no tuvieran suficiente”.