El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha acusado al actual equipo de Gobierno del Partido Popular de haber realizado una promesa electoral “irrealis­ta” sobre la construcción de 5.000 plazas de aparcamiento en la ciudad. La crítica se produce después de que el Ejecutivo local haya reconocido públicamente la existencia de “dificultades económicas” para desarrollar estos proyectos.

Según el PSOE, este reconocimiento supone admitir que la propuesta anunciada durante la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2023 carecía de base técnica y financiera. Los socialistas consideran que lo que entonces se presentó como una solución inmediata al problema del aparcamiento en Alcalá de Henares se revela ahora como una iniciativa inviable.

Desde la formación aseguran que esta rectificación evidencia la ausencia de planificación previa. En este sentido, subrayan que no se han presentado estudios que avalen la viabilidad económica o técnica de la construcción de estas 5.000 plazas de estacionamiento subterráneo.

Al hilo de esta denuncia, la concejala de Urbanismo, Cristina Alcañíz, ha respondido destacando el impulso del Gobierno municipal para ampliar las plazas de aparcamiento en los barrios de Alcalá y recordando los proyectos que están actualmente en estudio o ejecución.

Una promesa electoral en el centro del debate político

Los socialistas afirman que durante la campaña electoral de 2023, la actual alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, anunció la creación de miles de plazas de aparcamiento distribuidas por distintos puntos de la ciudad. Una propuesta que, según el PSOE, respondía a una estrategia de captación de voto mediante cifras “llamativas” pero sin respaldo técnico.

Desde el PSOE recuerdan que el Partido Popular, cuando se encontraba en la oposición, defendió la necesidad de construir aparcamientos subterráneos en diferentes barrios, como bario Venecia. Sin embargo, sostienen que la situación actual demuestra que aquellas exigencias no se han traducido en actuaciones concretas tras acceder al Gobierno municipal.

En palabras de los socialistas, el reconocimiento de las dificultades económicas confirma que el Ejecutivo “prometió algo que sabía —o debía saber— que no podía cumplir”, lo que, a su juicio, afecta a la credibilidad política y a la confianza de la ciudadanía.

Actuaciones del anterior Gobierno municipal

Frente a las críticas al actual equipo de Gobierno, el PSOE ha reivindicado la gestión realizada durante el anterior mandato en materia de aparcamiento. Según detallan, durante su etapa al frente del Ayuntamiento se habilitaron más de 2.200 plazas de aparcamiento gratuito en superficie, con el objetivo de dar respuesta inmediata a las necesidades de los vecinos.

Además, los socialistas aseguran que se llevaron a cabo estudios de viabilidad técnica para la construcción de aparcamientos subterráneos en diferentes ubicaciones de la ciudad. Entre ellas, mencionan zonas como Gran Canal, Estación-Ferraz, Alfonso Carrillo, Colegio Zulema, Juan de Guzmán y Marqués de Mondejar.

Asimismo, indican que se dejó preparada una segunda fase de planificación para ampliar la red de aparcamientos, con estudios previstos en otras áreas como Núñez de Guzmán, Farmacia Militar, Villa de Talance, Plaza Carlos I, Torres de la Alameda y Jorge Guillén.

Según el PSOE, estas actuaciones formaban parte de una hoja de ruta “progresiva y basada en criterios técnicos”, en contraposición con lo que consideran anuncios sin respaldo del actual Ejecutivo.

Reproches por la falta de alternativas

Otra de las críticas planteadas por los socialistas se centra en la falta de iniciativas del Gobierno municipal para buscar soluciones que permitan desarrollar nuevas infraestructuras de aparcamiento. En este sentido, señalan que no se han explorado fórmulas como la colaboración público-privada, las concesiones administrativas o modelos de explotación sostenible.

Tampoco, añaden, se han planteado posibles vías de financiación alternativas, como fondos europeos o mecanismos innovadores que podrían contribuir a hacer viables este tipo de proyectos.

Desde el PSOE consideran que, en lugar de impulsar nuevas propuestas, el Ejecutivo local ha optado por “la resignación y la excusa”, lo que califican como una falta de gestión ante uno de los problemas recurrentes de la ciudad.

Exigencia de explicaciones y medidas concretas

Ante esta situación, el Grupo Socialista ha exigido al Gobierno municipal que ofrezca explicaciones públicas sobre los fundamentos de la promesa electoral de las 5.000 plazas de aparcamiento. En concreto, reclaman conocer qué estudios respaldaban dicha propuesta y por qué se anunció sin contar con un plan viable.

Asimismo, piden al Ejecutivo que detalle qué alternativas contempla ahora para abordar el problema del estacionamiento en Alcalá de Henares, una cuestión que sigue siendo una de las principales preocupaciones vecinales en distintos barrios.

Los socialistas también instan al equipo de Gobierno a abandonar lo que califican como una política basada en titulares y a centrarse en una gestión “seria y rigurosa”, basada en la planificación y el análisis técnico.

Esther de Andrés ha asegurado que “el señor Palacios vuelve a hacer el ridículo al intentar dar lecciones de participación ciudadana cuando ni siquiera la practica dentro de su propio partido”.

Y ha señalado que “el PSOE de Alcalá pretende engañar a los vecinos con un discurso vacío, pero la realidad es bien distinta: no permiten la participación ni la discrepancia interna y, según ha publicado un medio local, concejales de su propio grupo como Nogués y Castillejo no habrían podido aparecer en las redes del Partido Socialista durante actos de Semana Santa”.

“Ese es el verdadero concepto de participación del señor Palacios: silenciar al que discrepa incluso en la proyección pública de su propio partido. Si eso es lo que hacen con los suyos, cualquiera puede imaginar qué harían con el resto de los vecinos”, ha añadido.

La edil ha subrayado que “frente a ese modelo sectario, este equipo de Gobierno abre espacios reales de participación, como la convocatoria para recoger propuestas para las Ferias, en la que cualquier vecino o entidad puede aportar ideas sin filtros ideológicos ni vetos”. En este sentido, ha defendido que “escuchar a la ciudadanía nunca puede ser criticable, salvo para quienes entienden la participación como un instrumento de control político y no como una herramienta de mejora colectiva”.

Esther de Andrés ha lamentado que el PSOE “intente desacreditar cualquier iniciativa positiva con ataques exagerados y poco creíbles”, y ha afirmado que “lo que realmente les molesta es haber perdido el monopolio del relato y de determinadas estructuras que durante años utilizaron de forma partidista”.

Por último, la concejala ha pedido al PSOE “coherencia y respeto a la inteligencia de los vecinos”, y ha concluido que “antes de hablar de participación ciudadana, el señor Palacios debería empezar por garantizarla dentro de su propio partido, donde hoy brilla por su ausencia”.

Desde Más Madrid Alcalá afirman: “El Gobierno de Ayuso pretende privatizar la vigilancia de la legalidad urbanística, dando poder a entidades con afán de lucro contratadas por los propios promotores que deben ser inspeccionados, un evidente conflicto de interés: las Entidades Privadas Colaboradoras Urbanísticas (ECU) y las Colaboradoras Ambientales (ECA)”.

“El artículo 8 establece que el silencio administrativo en informes sectoriales se presume favorable, lo que derivaría en “hechos consumados” con daños ambientales o patrimoniales irreversibles. Esto deja indefensos a los vecinos ante posibles ilegalidades. La Ley LIDER es un atentado contra el patrimonio natural e histórico, del que tan orgullosos estamos en Alcalá. El silencio administrativo no puede suponer la autorización tácita de intervenciones sobre bienes que forman parte de la identidad colectiva”, añaden desde Más Madrid Alcalá.

La formación verde explica que “por si esto fuera poco, la Ley LIDER añadiría más gasolina al fuego de la crisis de la vivienda”. “El texto pone la alfombra roja a los promotores privados cambiando a su antojo el cómputo de vivienda protegida, permitiendo su distribución en el conjunto del municipio y no necesariamente en cada desarrollo. Esto significa que se ubicará la vivienda de mercado en las zonas más rentables y que el minúsculo porcentaje de vivienda protegida que se deba hacer se traslade a las zonas alejadas y con menos servicios de cada ciudad. Una vivienda protegida que en la Comunidad de Madrid pierde su protección tras 10 o 15 años, no es indefinida como en otras comunidades”.

Por último, desde Más Madrid Alcalá afirman que la Ley LIDER es un “ataque de la Comunidad de Madrid a la autonomía municipal”. “No solo por restar carácter vinculante a los Planes Estratégicos Municipales, que no tendrían jerarquía frente a los Planes Ejecutivos de iniciativa privada, que podrían alterar el modelo de ciudad sin una evaluación del impacto en servicios públicos, movilidad o infraestructuras. También por reducir la cesión de aprovechamiento que reciben los Ayuntamientos hasta el ridículo 5%, cuando la Ley estatal permite y recomienda hasta el 10% o 20%”, aclaran.

Ante la tramitación de la Ley LIDER, Más Madrid ha registrado propuestas para “reforzar el carácter vinculante del planeamiento estratégico, mantener el control público en los procedimientos urbanísticos y aumentar la vivienda protegida del mercado”. “El PP entiende el patrimonio y la legalidad urbanística como obstáculos para el desarrollo de su modelo, que es el de una ciudad sin alma que vender al mejor postor, una ciudad en la que la gente tenga la vida cada vez más difícil”, concluye Rosa Romero, concejala portavoz de Más Madrid Alcalá.