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La Fiscalía concluye vulneración de derechos humanos en el desalojo de migrantes del pasado mes de enero


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En un informe contundente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita que se reconozca esta acción como contraria al derecho internacional de derechos humanos y al derecho fundamental a la integridad física y moral, subrayando la situación de especial vulnerabilidad de estas personas.

La Fiscalía dice que el Estado, de manos de la Secretaría de Estado de Migraciones, vulneró los derechos de migrantes desalojados del centro de acogida de Alcalá de Henares y ha pedido que se declare contrario al derecho internacional de derechos humanos y al derecho fundamental a la integridad física y moral que se abandone a personas migrantes en situación de irregularidad y de especial vulnerabilidad.

Un desalojo controvertido

El centro de acogida de Alcalá alberga a migrantes en situación de irregularidad, muchos de ellos huyendo de situaciones de conflicto y extrema pobreza en sus países de origen. La intervención estatal culminó en el desalojo forzoso de los residentes, una acción que ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos como la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que presentó la demanda.

Este desalojo se vio precipitado el pasado mes de enero, a raíz de una serie de altercados entre migrantes subsaharianos y magrebíes, que protagonizaron peleas entre ellos dentro y fuera del campamento de emergencia.

El informe de la Fiscalía

El informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional detalla las irregularidades cometidas durante el proceso de desalojo. Según el documento, la actuación de la Administración Pública no solo careció de sensibilidad y humanidad, sino que también incumplió varios tratados internacionales ratificados por España. Entre estos, destacan la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La Fiscalía destaca que muchas de las personas desalojadas se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad, a pesar de lo cual no se ofreció una alternativa habitacional adecuada, dejándolas en una situación de desamparo y riesgo. Además, el informe subraya que no se proporcionó la asistencia legal necesaria durante el proceso, lo que agrava la falta de garantías y protección.

El dictamen de la Fiscalía plantea un desafío significativo para la Administración Pública, que ahora debería abordar las deficiencias señaladas y ajustar sus políticas y procedimientos en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha sentado un precedente importante con este informe, subrayando la importancia de mantener los principios de humanidad y justicia en todas las actuaciones del Estado.

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