La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, realizó unas declaraciones poco antes de conocerse la reyerta producida este viernes en las cercanías del centro de acogida que terminaron con varios detenidos y un ingresado en coma en el Príncipe de Asturias.
La alcaldesa criticó que desde el Gobierno de la Nación se continúe con una política de no información respecto a este tema: “no nos quieren dar información porque efectivamente lo único que revela es la ineficacia del Gobierno de España y de la nueva ministra de Migraciones. No hubo ninguna información con el ministro Escrivá, no lo hay con la nueva ministra y tampoco por parte de la delegación de Gobierno, que también tiene que asumir competencias y no hay ninguna interlocución, no hay nada”.
Judith Piquet ha pedido información sobre cuál es el criterio de reparto, por qué 1.260 migrantes y por qué en Alcalá y no otros municipios. “Nunca nadie nos ha sabido decir cuál es el criterio de reparto”, afirma. “No hemos recibido ninguna información más que de fuentes policiales, y no nos dejan visitar el centro”.
Y muestra su preocupación por la duración del centro de acogida temporal. “Siguen sin decirnos hasta cuándo tiempo va a durar esto, nos dicen que mientras que haya un problema migratorio, pero claro, ¿eso qué significa? ¿Que vamos a tener un CIR en la ciudad de Alcalá de Henares? Porque claro, esto dejaría de ser entonces un recurso temporal”.
De hecho, la alcaldesa afirmó que se van a realizar unas obras en el recinto que podrían apuntar a una cronificación de esta situación. “Nos dijeron al principio marzo, luego mayo, y ahora lo que hemos descubierto a través de los medios de comunicación, como todo lo que se descubre en lo relacionado con el acuartelamiento, que van a realizar unas obras para la climatización del acuartelamiento. Todo parece indicar que va a ser más definitivo que temporal”.
“Pero, insisto, seguimos sin tener ninguna noticia del Gobierno. Primero se nos informó de que vendrían un centenar de migrantes. De un centenar hablamos de más de 1.200. Convocamos una junta local de seguridad extraordinaria, y se nos acusó de ser racistas porque estábamos relacionando directamente migración con delincuencia o con criminalidad. Y dijimos que nada más lejos de la realidad que una junta local de seguridad era para coordinar acciones, para planificar acciones y para poner puntos en común cómo teníamos que actuar”.
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