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Irene Montero (Podemos) denuncia «las deficiencias del Plan Vive» en Alcalá de Henares

La candidata a la Presidencia del Gobierno por Podemos y eurodiputada, Irene Montero, se reunió el pasado jueves 12 de noviembre en Alcalá de Henares con miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Inquilinos del Plan Vive (AIPV) y con vecinos de las promociones del Plan Vive, el programa de vivienda asequible en alquiler de la Comunidad de Madrid.

Durante el recorrido, Montero «pudo constatar in situ la carencia de infraestructuras básicas, las deficiencias de construcción y las consecuencias de un planeamiento urbanístico municipal y autonómico que ha dejado a estas promociones sin los servicios que necesitan», dice el comunicado de la AIPV.

También el presidente de la AIPV, Sergio Montero Fernández, se desplazó hasta la ciudad cervantina para «denunciar las condiciones de abuso contractual, las situaciones de abandono y el alcance de las deficiencias del Plan». Montero Fernández explicó a la eurodiputada «la falta de regulación a la que están sujetas las gestoras y la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas inquilinas adjudicatarias de las viviendas del Plan Vive en todo el territorio de la Comunidad de Madrid».

«Familias que destinan más del 60% al alquiler»

Las conversaciones, en formato bilateral y abiertas a la participación de los vecinos, se centraron en los problemas que, según el Asociación, se repiten en las promociones del Plan Vive: incidencias sin solucionar que se acumulan durante meses en viviendas y zonas comunes; cobros indebidos e injustificados a las familias inquilinas; impuestos que corresponde abonar al arrendador y que se repercuten al arrendatario; actualizaciones de renta según el IPC sin ningún límite de protección; y gastos de comunidad y de anejos desorbitados.

El resultado, afirma la AIPV, es que «la mayor parte de las familias superan con creces el límite de esfuerzo económico recomendado y, en algunos casos, destinan más del 60% de sus ingresos al pago de la vivienda. Esta situación contrasta con el carácter asequible que se presupone a estas promociones públicas, lo que genera una creciente preocupación entre los residentes».

“Las familias del Plan Vive accedimos a una vivienda que se nos presentó como asequible y hoy estamos atrapadas entre incidencias que nadie resuelve y unos costes que no dejan de crecer. Hemos venido a enseñar la realidad y la seguiremos enseñando a quien quiera verla”, señaló el presidente de la AIPV.

Implicación a quienes gobiernan

La AIPV, que se define en sus estatutos como ‘apolítica y apartidista’, lamenta que «no sean los representantes de los partidos que gobiernan la Comunidad de Madrid quienes se acerquen a los vecinos, escuchen sus quejas y demandas y hagan suyas las propuestas de la asociación».

Entre sus reivindicaciones destacan tres: la supresión de los impuestos repercutidos a los arrendatarios; la fijación de un Límite Seguro de Asequibilidad, de modo que el alquiler no supere en ningún caso el 30% del esfuerzo familiar; y la creación de una Mesa de Seguimiento del Plan Vive con todas las partes implicadas y los agentes políticos y sociales con capacidad reguladora.

Ante las elecciones generales del 29 de noviembre, la AIPV hará llegar estas tres propuestas a todas las candidaturas y les pedirá un compromiso público con las familias del Plan Vive. La asociación recuerda que mantiene sus puertas abiertas a todas las formaciones políticas y a las administraciones dispuestas a conocer la situación de estas familias y a trabajar en soluciones.

El decreto de vivienda

La visita coincidió con la sesión en la que la Diputación Permanente del Congreso convalidó el Real Decreto-ley 29/2026 por un solo voto de diferencia (35 a favor y 34 en contra), un día después de la huelga general por la vivienda y en la víspera del inicio de la campaña electoral. El Real Decreto-ley 28/2026, que regulaba la renovación automática de los contratos de alquiler, fue derogado y no llegará a aplicarse.

Con la convalidación, sigue plenamente en vigor una norma que responde a varias de las reivindicaciones de la AIPV: prohíbe repercutir al inquilino el IBI y los gastos de gestión, fija un tope del 2% a la actualización de la renta hasta finales de 2027 y establece que los anejos (garajes y trasteros) no pueden elevar el precio de una vivienda asequible por encima del límite del 30% de la renta mediana del municipio.

La AIPV exige a la Comunidad de Madrid, como administración titular del suelo, y a las gestoras del Plan Vive que apliquen de inmediato la nueva normativa y dejen de repercutir a las familias conceptos que ya no les corresponde pagar.

La visita de Irene Montero supone «un apoyo al crecimiento de la AIPV, que ha multiplicado por 20 su masa social en tan solo seis meses». Este respaldo vecinal le ha abierto las puertas del Congreso de los Diputados y del Senado, y la sitúa en el camino para exponer su caso ante el Parlamento Europeo.

La situación del Plan Vive en Alcalá de Henares refleja «un problema más amplio de vivienda asequible en la Comunidad de Madrid, donde las promociones públicas se enfrentan a críticas por deficiencias en la construcción y por costes que superan la capacidad económica de las familias adjudicatarias. La AIPV continuará trasladando sus propuestas a todas las candidaturas y administraciones para lograr soluciones efectivas», finaliza la Asociación en un comunicado.

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