El pasado Pleno Ordinario dio aprobación al II Plan Municipal de Cooperación al Desarrollo y Derechos Humanos (2019-2023), que recoge los frutos del intenso trabajo del consejo local y marca las directrices en esta materia para los próximos 5 años. Será la herramienta básica de gestión interna y guía de actuación para la Concejalía competente en la materia (Concejalía de Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo actualmente).
En línea con los nuevos paradigmas de eficacia, transparencia y buena gestión en las políticas municipales, este Plan considera la participación de la ciudadanía como eje fundamental en su desarrollo, así como el realismo y la concreción en sus actuaciones para que la cooperación para el desarrollo y la protección y defensa de los Derechos Humanos sea conocida y considerada por toda la ciudad y en otras áreas municipales a la hora de definir sus propias acciones, a fin de lograr la mayor coherencia posible en nuestras políticas municipales.
Para el concejal de Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo, Javier Galán, “con este plan finalizamos la fase de recuperación de estas políticas sociales e iniciamos su fase de desarrollo y consolidación, reflejando así el sentimiento de solidaridad que siempre han tenido los vecinos y vecinas de nuestra ciudad”.
El Plan ha sido especialmente sensible a la realidad de la pobreza extrema en la que un 70% de esa población es femenina y por lo tanto se potencian las políticas de desarrollo especialmente vinculadas a la igualdad de oportunidades, al empoderamiento femenino y a favorecer proyectos que tengan por objetivo potenciar las oportunidades para las mujeres, así como facilitar su autonomía personal.
Los objetivos básicos del plan son: la mejora de la cobertura de necesidades básicas: alimentación, educación, salud, saneamiento y vivienda constituyen el punto de partida para construir capacidades y poder optar a mayores oportunidades y niveles de desarrollo humano; el fomento de la formación y capacitación para la generación de ingresos y la mejora de condiciones económicas; la soberanía alimentaria como alternativa que considera la alimentación como un derecho humano básico y pone en el centro a quienes producen los alimentos; la economía solidaria, el desarrollo de un sistema sostenible y la defensa y protección de los Derechos Humanos, con especial incidencia en la protección de los defensores y defensoras en sus lugares de procedencia.
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