El PSOE de Alcalá de Henares ha denunciado «la grave situación de colapso circulatorio que vive la ciudad como consecuencia de la falta de planificación y la mala gestión del equipo de gobierno del Partido Popular y VOX, encabezado por la alcaldesa Judith Piquet».

Desde el Grupo Municipal Socialista se alerta de que las obras mal planificadas están provocando un auténtico caos en la movilidad urbana, con cortes simultáneos en arterias principales, desvíos mal señalizados y una total ausencia de previsión. “Alcalá está colapsada por la nula gestión de Judith Piquet. La alcaldesa está más pendiente de atacar al presidente Pedro Sánchez que de sentarse delante de un plano y planificar las obras de nuestra ciudad”, señalan.

Según el PSOE, la improvisación ha sido la norma en la gestión de estas actuaciones urbanas. “En apenas unas semanas han provocado un colapso que afecta al día a día de miles de alcalaínos y alcalaínas”, añaden.

Vecinos y vecinas, principales perjudicados

Durante los últimos días, decenas de ciudadanos se han dirigido al Grupo Municipal Socialista para expresar su malestar y preocupación por la situación. “Nos trasladan la misma pregunta: ¿no pudieron planificar las obras en distintos momentos para evitar este caos?”, explican desde el PSOE.

El partido subraya que las decisiones erróneas del equipo de gobierno están teniendo consecuencias directas sobre la calidad de vida de los vecinos. “Las personas que tienen que desplazarse para ir a trabajar, llevar a sus hijos al colegio o atender a familiares están sufriendo atascos interminables. No hay alternativas de transporte bien diseñadas, ni una comunicación clara con la ciudadanía”, denuncian.

Puntos críticos: vía Complutense y puente de la M-300

El PSOE advierte que las obras de la Vía Complutense han bloqueado la principal arteria de entrada y salida al centro urbano, afectando a comercios, transporte público y residentes. A esto se suma el corte del puente de la M-300, una vía esencial para conectar Alcalá con municipios de la comarca del Henares. “Con estas decisiones, se está dificultando la comunicación con todos los municipios aledaños. Alcalá no puede quedar aislada por falta de planificación”, sostienen los socialistas, quienes consideran que la alcaldesa no ha escuchado a los técnicos municipales ni ha contado con la opinión de los colectivos vecinales y del transporte.

Exigencia de un Plan de movilidad inmediato

Ante esta situación, el PSOE de Alcalá de Henares exige la puesta en marcha de un Plan de Movilidad Urbana inmediato, elaborado con criterios técnicos, diálogo y transparencia. “El Gobierno del Partido Popular y VOX debe dejar de mirar hacia otro lado y ofrecer soluciones reales. Exigimos un plan de movilidad certero, serio y participativo, que tenga en cuenta las necesidades de todos los barrios y de quienes se desplazan a diario por la ciudad”, reclaman los socialistas.

El Grupo Municipal recuerda que, en el pasado mandato, bajo gobierno socialista, se aprobaron y ejecutarán obras importantes durante toda la legislatura, “pero siempre con una planificación coordinada, minimizando los impactos sobre el tráfico y ofreciendo alternativas a la ciudadanía”, añaden.

Se necesita un gobierno a tiempo completo, centrado en Alcalá

Desde el PSOE, lamentan que Judith Piquet dedique más tiempo a confrontar con el Gobierno de España que a gestionar los problemas de Alcalá. “Su prioridad no puede ser el ruido político, sino el bienestar de los vecinos y vecinas. Alcalá necesita una alcaldesa a tiempo completo, que escuche, planifique y gobierne con seriedad. Su presente y futuro judicial le está jugando una muy mala pasada, superándola con reacciones fuera de lugar y estando desconectada del contexto de gobierno de Alcalá, siendo los vecinos y vecinas los grandes perjudicados”, concluyen.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, quiere denunciar el bloqueo de la negociación en la Mesa General del Ayuntamiento de Alcalá de Henares celebrada hoy por parte de UGT y CCOO, impidiendo la aprobación de acuerdos destinados a mejorar las condiciones laborales de la plantilla municipal.

Durante la reunión, CSIF ha presentado una propuesta con tres acuerdos específicos: el incremento del complemento de productividad para todos los empleados municipales, el aumento del precio de la hora de servicios extraordinarios en el Cuerpo de Policía Local y la ampliación de las coberturas del Fondo de Acción Social.

Según CSIF, el Ayuntamiento estaba dispuesto a negociar y mostraba buena voluntad para alcanzar acuerdos. Sin embargo, nos hemos mostrado sorprendidos ante la negativa de UGT y CCOO, que han condicionado cualquier avance a la firma de un futuro convenio colectivo.

Desde CSIF entendemos esta postura como inaudita ya que los trabajadores municipales llevan más de catorce años sin convenio. Además, a pesar de no tener convenio, no son pocas las ocasiones en las que, en este tiempo, se han alcanzado multitud de acuerdos negociados.

Es extraño que, además, estos sindicatos hayan dado tanta guerra porque el Ayuntamiento no convocaba a la parte social y, ahora que nos convocan, se nieguen a negociar.

La propuesta de CSIF plantea un incremento lineal de 100 euros en el complemento de productividad mensual desde el 1 de enero de 2025, con el objetivo de reconocer el esfuerzo y compromiso del personal municipal y del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal, que han mantenido la calidad de los servicios públicos pese a la falta de personal.

Asimismo, el sindicato propone elevar el importe de las horas extraordinarias del cuerpo de Policía Local a 40 euros/hora en días laborables, 45 en fines de semana y 50 en festivos, para corregir una situación injusta e incentivar la cobertura de servicios esenciales de seguridad ciudadana.

Por último, CSIF plantea ampliar las coberturas del Fondo de Acción Social a tratamientos de salud mental, fisioterapia y apoyo psicológico, fomentando el bienestar laboral.

El sindicato considera incomprensible que otros sindicatos obstaculicen unas medidas asumibles y beneficiosas para toda la plantilla. Si UGT y CCOO prefieren seguir con su estrategia politizada, CSIF continuará defendiendo los derechos del personal municipal y seguirá apostando por la negociación real y la mejora inmediata de las condiciones laborales.

CSIF reitera su compromiso con la defensa del servicio público de calidad en Alcalá de Henares y anuncia que mantendrá sus propuestas en futuras convocatorias, instando al resto de organizaciones sindicales a dejar de lado las componendas políticas y priorizando los intereses de los trabajadores municipales.

La sentencia 220/2025 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Madrid desestima el recurso del PSOE y “acredita la legalidad y la solvencia profesional de la exdirectora general de Urbanismo, Paula Ortega Güell”, anuncia el Partido Popular de Alcalá de Henares en un comunicado.

Así, la concejala de Urbanismo, Cristina Alcañiz, ha celebrado “el varapalo judicial a Javier Rodríguez Palacios y a su portavoz adjunto Alberto Blázquez, tras conocerse la Sentencia nº 220/2025 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Madrid, que desestima íntegramente el recurso interpuesto por el PSOE contra el nombramiento de Paula Ortega Güell como directora general de Urbanismo, Proyectos y Vivienda del Ayuntamiento de Alcalá de Henares”.

“La Justicia ha sido contundente: el nombramiento fue plenamente legal y la profesional reunía los requisitos de formación y experiencia exigidos. Lo que hicieron Rodríguez Palacios y su subalterno Blázquez fue una persecución política y personal para intentar manchar la reputación de una trabajadora honesta y valiosa para la ciudad”, ha afirmado Alcañiz.

“Graves acusaciones contra Ortega”

Durante los plenos de 19 de septiembre y 17 de octubre, el portavoz socialista Alberto Blázquez lanzó “graves acusaciones contra Ortega y contra la propia concejala de Urbanismo, asegurando falsamente que no cumplía los criterios de idoneidad, que había falseado su experiencia en el currículum, o incluso insinuando vínculos personales y de amistad entre ambas”.

“Blázquez llegó a hablar de una supuesta ‘ciudad de los enchufes’ y de un nombramiento irregular, mientras ellos son los que llevan veinte años enchufando a los suyos. Es un ejemplo de cinismo político en estado puro”, ha señalado la edil.

Alcañiz ha recordado además las palabras de Blázquez en las que llegó a afirmar que “Paula dimitió porque se la había pillado con el carrito del helado”. “Ellos, con todo lo que tienen encima —desde contratos irregulares hasta causas judiciales abiertas— no dimite ni uno. Esa es la doble vara de medir del PSOE”, ha denunciado.

“Su nombramiento cumplía estrictamente la normativa”

La concejal de Urbanismo ha subrayado que la experiencia profesional no solo se acredita con la vida laboral, sino también con la participación en proyectos, la capacidad y el talento demostrado a lo largo de los años.

“Paula Ortega es una profesional con formación y experiencia acreditada, un activo valioso para Alcalá de Henares. Su nombramiento cumplía estrictamente la normativa, y el único objetivo del PSOE era torpedear el avance de la ciudad y tapar la nefasta gestión urbanística que dejó Alberto Blázquez en la pasada legislatura”, ha remarcado Alcañiz.

Para la edil popular, esta sentencia pone fin a “una campaña de persecución política, personal y profesional sin precedentes” y deja en evidencia la estrategia del PSOE complutense. “Rodríguez Palacios y Blázquez han quedado retratados. Han utilizado los tribunales como arma política y la mentira como método de oposición. Hoy la Justicia les dice que no todo vale”, ha concluido.

VOX Alcalá de Henares ha denunciado “los graves incidentes ocurridos la pasada noche en la ciudad, cuando un grupo de vecinos fue agredido, presuntamente, por inmigrantes ilegales del CAED mientras trataba de utilizar las pistas deportivas del barrio del Ensanche”.

Según informa la formación política, “los hechos derivaron en una pelea multitudinaria que obligó a una trabajadora municipal a intervenir para poner a salvo a los menores que se encontraban en la zona”.

Según ha relatado Víctor Acosta, portavoz local de VOX, “una trabajadora municipal tuvo que llevar a todos los niños que se encontraban en el parque infantil y en otras instalaciones y ponerlos a salvo dentro de una de las pistas deportivas valladas”.

Contra las políticas migratorias

Acosta ha lamentado que este tipo de sucesos “se estén repitiendo con frecuencia en el municipio” y ha señalado directamente “a las políticas migratorias” impuestas desde Bruselas como una de las causas principales de la inseguridad.

“Estas y no otras, son las consecuencias que las políticas sobre inmigración ilegal que el bipartidismo nos impone desde Bruselas tienen para todos los alcalaínos”, ha afirmado.

🤯 Otra noche de violencia en Alcalá.

❌ Desde VOX exigimos el cierre del centro de inmigrantes ilegales y la devolución de los ilegales a sus países.

💪 La seguridad de los alcalaínos es lo primero. pic.twitter.com/DsyunH04L7

— VOX Alcalá de Henares (@VOX_Alcala) October 23, 2025

“Exigimos el cierre del centro de inmigrantes ilegales de Alcalá”

El portavoz de VOX ha reiterado la postura firme de su formación en materia de seguridad y control migratorio: “Desde VOX Alcalá de Henares exigimos una vez más, y tal y como llevamos haciendo desde un primer momento, el cierre del centro de inmigrantes ilegales de Alcalá de Henares, y la devolución de los ilegales a sus países de origen”, ha concluido.

Con esta declaración, VOX Alcalá de Henares insiste en la necesidad de recuperar la seguridad en las calles y garantizar el bienestar de los vecinos frente al aumento de episodios violentos que, según el partido, se han intensificado en los últimos meses.

La declaración de un inmueble como Lugar de Memoria Democrática está regulada por la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que permite al Estado reconocer espacios vinculados a violaciones de derechos humanos (como detenciones, torturas, represión política) con la finalidad de su “reconocimiento, difusión, interpretación y reparación simbólica”.

En el caso de la Real Casa de Correos, el motivo de la declaración es que durante la dictadura franquista —y en concreto desde 1939 hasta aproximadamente 1979— el edificio albergó la Dirección General de Seguridad (DGS), que “desempeñó un papel central en la represión política y social” del régimen, incluyendo detenciones, torturas y vigilancia ideológica.

El BOE indica que esta declaración tiene finalidad “conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora”, y contempla la instalación de placas, distintivos, señalización de puntos de memoria, difusión audiovisual, etc.

¿Puede esto afectar el uso actual por la Comunidad de Madrid?

Una de las preguntas más frecuentes es si, al declararse Lugar de Memoria Democrática, el uso del edificio como sede del Ejecutivo autonómico se vería modificado o restringido. Los documentos oficiales señalan que:

• La declaración no altera el uso actual del inmueble, esto es, la Comunidad de Madrid puede seguir empleándolo como sede institucional.
• No obstante, el edificio deberá cumplir que “cualquier uso que se dé al bien habrá de ser compatible con las medidas propuestas de preservación de la memoria de las violaciones de los derechos humanos para que no vuelvan a repetirse”.

Por tanto, sí puede seguir siendo utilizada como sede autonómica, siempre que el uso sea compatible con los principios de memoria democrática, respeto a la dignidad de las víctimas, y no se vulneren los derechos humanos ni la neutralidad institucional.

¿Qué cambios trae esta declaración?

Los efectos prácticos de esta declaración incluyen:

• Obligación de señalización: se podrá instalar una placa, paneles divulgativos o distintivo memorial interpretativo en el edificio para informar sobre su pasado de represión.
• Difusión y educación: se prevé la realización de recursos audiovisuales, digitales o expositivos relativos a la memoria del inmueble.
• Compatibilidad de usos: si bien la sede funciona con normalidad, cualquier evento, instalación o actuación en el inmueble deberá respetar los valores de pluralidad, concordia, respeto a la verdad histórica y la imagen institucional.

¿Hay conflicto institucional?

Por descontado. La Comunidad de Madrid ha expresado su disconformidad, argumentando que la declaración invade competencias autonómicas y reduce el edificio “al franquismo”, cuando tiene una historia que abarca muchos siglos.

El Gobierno autonómico presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional y elaboró una ley autonómica que pretendía regular el uso del edificio y las placas memoriales, aunque esa ley fue suspendida en parte.

La declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática no implica su cierre ni la imposibilidad de seguir funcionando como sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Lo que sí exige es que tal uso sea compatible con los principios de memoria democrática: que se reconozca su pasado de represión y que se facilite su interpretación pública, sin que el edificio deje de cumplir su función institucional.

Así, la Comunidad puede seguir empleándolo como sede, pero deberá asumir ciertas obligaciones simbólicas y de difusión histórica vinculadas a su nuevo estatus.

“Las alcalaínas soportamos las esperas más largas de toda la Comunidad de Madrid para realizarnos una mamografía, 71 días, y nuestro hospital es el que más personas en lista de espera tiene: 1413 mujeres en vilo sin saber si tienen cáncer de mama o no. Mientras, el hospital de Torrejón, en el que una empresa privada es regada con dinero público, apenas tiene 141 mujeres esperando, diez veces menos”, aseguran.

Más Madrid Alcalá denuncia que en el último Pleno el Gobierno municipal de PP y Vox rechazó exigir un “plan de choque con soluciones” a la Comunidad de Madrid.

En palabras de Rosa Romero, concejala portavoz de Más Madrid Alcalá en el Ayuntamiento complutense: “Los datos que hemos expuesto son de la propia Comunidad de Madrid, que es quien tiene la competencia de sanidad. Hay un déficit de personal, falta inversión pública y eso provoca retrasos en las pruebas, lo advierten los propios profesionales en sus informes. El Gobierno de Alcalá tiene la obligación de defender a sus vecinas y exigir a la Presidenta Ayuso que dote de medios a nuestro hospital, nos va la vida en ello.”

La portavoz de Más Madrid Alcalá denunció que “las alcalaínas somos perjudicadas por un modelo sanitario a dos velocidades, en el que los hospitales públicos, como el Príncipe de Asturias, se dejan deliberadamente sin personal ni recursos suficientes mientras los de gestión privada son dopados con dinero público, lo que nos sale más caro y contribuye a engrosar los beneficios de empresas como Quirón, estrechamente vinculada con el entorno familiar de Ayuso”.

La propuesta de Más Madrid Alcalá instaba a la Comunidad de Madrid a abordar “la dotación urgente de personal adicional (profesionales de Radiología, técnicos en imagen diagnóstica y personal de enfermería especializado)”.

Rosa Romero, portavoz de Más Madrid Alcalá, concluyó señalando la “traición de la alcaldesa Judith Piquet (PP) y la absoluta hipocresía de Vox”: “Aquí en Alcalá Vox gobierna con el PP y vota en contra de abrir centros de salud en El Val y en El Olivar, en contra de recuperar el médico en las urgencias del Luis Vives y bloquea cualquier iniciativa que defienda la sanidad pública. Sin embargo, en la Asamblea de Madrid, cuando los periodistas les preguntan o cuando hablan en la tribuna, critican la falta de inversión de Ayuso y dicen cosas como que “la atención primaria está abandonada”. ¿En qué quedamos? ¿Defienden la sanidad pública o defienden agarrarse al sillón que les da el PP en el Gobierno? Son cómplices de los recortes, cómplices del deterioro, cómplices del negocio sanitario del PP. Critican a Ayuso en la Asamblea y la aplauden en este Ayuntamiento. Esa incoherencia deja claro de qué lado están: están del lado de quien se está cargando nuestra sanidad, y todo por mantener su sillón”.