El Partido Popular de Alcalá de Henares ha respondido este miércoles a las críticas de VOX recordando que «ningún responsable público puede exigir el acceso a documentación si carece de competencia legal para ello y que hacerlo al margen de los procedimientos establecidos no convierte una petición en un derecho».
Desde el PP explican que el presidente de la Ciudad Deportiva Municipal solicitó acceder a la contabilidad de este organismo autónomo, «una petición sobre la que existían informes desfavorables de la Intervención Municipal al no apreciarse cobertura jurídica para facilitar esa documentación en los términos solicitados».
Los populares subrayan que la alcaldesa tenía la obligación de actuar conforme a la legalidad y a los informes técnicos. “Ningún alcalde puede autorizar aquello que los servicios jurídicos e interventores consideran contrario al ordenamiento jurídico. Hacerlo supondría adoptar una resolución injusta a sabiendas, con las consecuencias legales que ello podría acarrear”, señalan.
El PP considera especialmente grave que, lejos de aceptar los criterios técnicos, el presidente de la Ciudad Deportiva iniciara una serie de actuaciones ante diferentes organismos sin contar con autorización ni informar previamente a sus compañeros del Gobierno municipal.
Según explican los populares, una de esas actuaciones consistió en acudir al órgano competente en materia de transparencia de la Comunidad de Madrid para intentar respaldar su pretensión. Sin embargo, dicha reclamación fue inadmitida. El equipo de Gobierno tuvo conocimiento de esta actuación cuando la resolución fue trasladada oficialmente al Ayuntamiento, sin que previamente hubiera existido comunicación alguna por parte del responsable de VOX.
“Lo preocupante ya no es solo que se reclamara una documentación para la que no existía habilitación legal, sino que se actuara de forma unilateral, al margen de los órganos de gobierno y sin informar a quienes compartían responsabilidades en el Ejecutivo municipal”, indican desde el Partido Popular.
Los populares recuerdan que el respeto a la legalidad no es una opción política, sino una obligación de cualquier cargo público. “Gobernar significa cumplir la ley incluso cuando no coincide con los intereses de uno mismo. Los informes técnicos están para garantizar precisamente eso: que ninguna decisión administrativa se adopte al margen del Derecho.”
El Partido Popular concluye que seguirá actuando con absoluto respeto a los informes de los funcionarios municipales y defendiendo la seguridad jurídica de todas las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento frente a quienes, a su juicio, han tratado de convertir un desacuerdo administrativo en una confrontación política.
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