Desde Más Madrid Alcalá afirman: “El Gobierno de Ayuso pretende privatizar la vigilancia de la legalidad urbanística, dando poder a entidades con afán de lucro contratadas por los propios promotores que deben ser inspeccionados, un evidente conflicto de interés: las Entidades Privadas Colaboradoras Urbanísticas (ECU) y las Colaboradoras Ambientales (ECA)”.
“El artículo 8 establece que el silencio administrativo en informes sectoriales se presume favorable, lo que derivaría en “hechos consumados” con daños ambientales o patrimoniales irreversibles. Esto deja indefensos a los vecinos ante posibles ilegalidades. La Ley LIDER es un atentado contra el patrimonio natural e histórico, del que tan orgullosos estamos en Alcalá. El silencio administrativo no puede suponer la autorización tácita de intervenciones sobre bienes que forman parte de la identidad colectiva”, añaden desde Más Madrid Alcalá.
La formación verde explica que “por si esto fuera poco, la Ley LIDER añadiría más gasolina al fuego de la crisis de la vivienda”. “El texto pone la alfombra roja a los promotores privados cambiando a su antojo el cómputo de vivienda protegida, permitiendo su distribución en el conjunto del municipio y no necesariamente en cada desarrollo. Esto significa que se ubicará la vivienda de mercado en las zonas más rentables y que el minúsculo porcentaje de vivienda protegida que se deba hacer se traslade a las zonas alejadas y con menos servicios de cada ciudad. Una vivienda protegida que en la Comunidad de Madrid pierde su protección tras 10 o 15 años, no es indefinida como en otras comunidades”.
Por último, desde Más Madrid Alcalá afirman que la Ley LIDER es un “ataque de la Comunidad de Madrid a la autonomía municipal”. “No solo por restar carácter vinculante a los Planes Estratégicos Municipales, que no tendrían jerarquía frente a los Planes Ejecutivos de iniciativa privada, que podrían alterar el modelo de ciudad sin una evaluación del impacto en servicios públicos, movilidad o infraestructuras. También por reducir la cesión de aprovechamiento que reciben los Ayuntamientos hasta el ridículo 5%, cuando la Ley estatal permite y recomienda hasta el 10% o 20%”, aclaran.
Ante la tramitación de la Ley LIDER, Más Madrid ha registrado propuestas para “reforzar el carácter vinculante del planeamiento estratégico, mantener el control público en los procedimientos urbanísticos y aumentar la vivienda protegida del mercado”. “El PP entiende el patrimonio y la legalidad urbanística como obstáculos para el desarrollo de su modelo, que es el de una ciudad sin alma que vender al mejor postor, una ciudad en la que la gente tenga la vida cada vez más difícil”, concluye Rosa Romero, concejala portavoz de Más Madrid Alcalá.
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