Como señala el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá, Guillermo Escobar, “el gobierno en funciones, al carecer de la confianza del Parlamento, solo puede realizar la gestión ordinaria de los asuntos públicos, salvo situaciones de urgencia o de interés general, que de forma previa tienen que estar motivadas”.
En el caso del gobierno en funciones de España, “ni la Constitución ni la ley del Gobierno establece límites, solo indica que el gobierno entra en funciones con la celebración de elecciones y no dice nada más”. Es decir, que España puede permanecer con un gobierno en funciones, según las leyes, sin un límite de tiempo establecido.
El operativo de la democracia está en marcha y hasta dentro de otros 2 meses no sabremos si hay investidura de un nuevo presidente o se convocan elecciones generales para el mes de junio pero, ocurra lo que ocurra, los ciudadanos deben saber que esta situación de gobierno interino, nueva, que vive España, no tiene por qué interferir en el normal funcionamiento de las instituciones.
En este período el gobierno en funciones no podrá iniciar los trámites para la aprobación de proyectos de ley y, por tanto, no podrá proponer ni aprobar unos nuevos presupuestos generales, pero los grupos parlamentarios sí tienen capacidad para presentar proposiciones de ley. Otra cosa es que esas leyes, una vez aprobadas, puedan ser efectivas, ya que para que lo sean tienen que tener un reglamento, que se aprueba mediante Real Decreto, y esa es una competencia del gobierno.
El gobierno en funciones no podrá convocar referéndum, disolver las cámaras o presentar nuevos presupuestos, pero sí podría, en caso de necesidad y argumentando ‘urgencia o interés general’ tomar decisiones con respecto a posibles pasos en el proceso independentista emprendido por la Generalitat de Cataluña, ‘y para ello solo sería necesario que la mayoría del Parlamento apoyara una proposición no de ley que avalara las actuaciones propuestas por el gobierno. Eso sería suficiente’.
En un país tan descentralizado como España, con la mayoría de las competencias en manos de las Comunidades Autónomas, tampoco supone un trauma carecer de un gobierno efectivo durante un período más o menos extenso, estima Escobar, aunque recuerda que en este país “tampoco existe mucha cultura de lo que se denomina el federalismo cooperativo”.
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