La Mesa de la Asamblea de Madrid, controlada por el Partido Popular de Díaz Ayuso, bloqueó una pregunta parlamentaria sobre el colegio concertado Alborada, en el que se han denunciado presuntos abusos sexuales a menores por parte de un cuidador, que según El Plural habría sido protegido por el colegio durante todo un curso, transcurriendo ocho meses desde la primera voz de alarma hasta su expulsión.
Alicia Torija, diputada de Más Madrid, preguntó por el número de solicitudes de traslado de expediente académico que se habían producido desde el conocimiento de los casos que afectaban a menores de entre 3 y 6 años, muchos de ellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La Mesa de la Asamblea, controlada por la mayoría del Partido Popular, acordó la no admisión de la pregunta “por no referirse su objeto a un asunto del ámbito de la Comunidad de Madrid, al hacer referencia a un centro privado”.
Rosa Romero, concejala portavoz de Más Madrid Alcalá, afirma: “Si según el PP el Alborada es un centro privado, ¿por qué recibe dinero público? La Comunidad de Madrid sí tiene competencias sobre el colegio Alborada, que es concertado, no privado. ¿Qué está intentando tapar el Gobierno de Ayuso? Exigimos explicaciones claras por parte de la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias de supervisión e inspección sobre los centros concertados”.
Alicia Torija, diputada de Más Madrid, añade: “En este caso gravísimo la Comunidad de Madrid tiene competencias aunque haya preferido mirar para otro lado. No vamos a dejar este asunto y pedimos responsabilidades a todo el que no actuó”.
Ante esta situación, Más Madrid exige:
- “Protección, respaldo y acompañamiento a las víctimas y a sus familias.
- Que la Justicia depure responsabilidades penales, que caiga todo el peso de la ley.
- Que la Comunidad de Madrid dé explicaciones, como Administración competente de la supervisión e inspección del colegio concertado Alborada.
- Revisar el concierto educativo entre la Comunidad de Madrid y el colegio Alborada, vinculado al Opus Dei, condicionando cualquier financiación pública al cumplimiento estricto de los protocolos de protección de la infancia, la transparencia y la colaboración plena con las autoridades.
- Aumentar y mejorar las plazas inclusivas para menores con necesidades especiales en la educación pública para que las familias puedan elegir, ya que ahora hay familias que se han visto obligadas a acudir al Alborada ante la falta de aulas TEA en otros centros de la Comunidad de Madrid. Quien quiera cambiarse de colegio debe poder hacerlo”.
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