Los campus públicos de la Comunidad de Madrid paralizan su actividad académica este miércoles y jueves —26 y 27 de noviembre— en una huelga convocada por plataformas estudiantiles, sindicatos y delegaciones universitarias.
Los convocantes piden la retirada de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), más financiación pública y garantías para la autonomía universitaria; reclaman, además, que la región destine al menos el 1% de su PIB al presupuesto universitario.
Las protestas, que incluyen piquetes, acciones informativas en los distintos campus, también han tenido también seguimiento en Alcalá de Henares, con una concentración a las puertas del Colegio Mayor de San Ildefonso, como se muestra en las imágenes de esta información.
También se han programado una serie de protestas y actividades, que han quedado recogidas en el siguiente cartel:
Las movilizaciones llegan después de semanas de tensión entre la comunidad universitaria y el Gobierno regional. Los estudiantes y parte del personal docente y de administración denuncian «asfixia económica», precariedad laboral y un proyecto legislativo que, a su juicio, reduce la autonomía académica y abre la puerta a una mayor injerencia política y a la privatización encubierta de funciones y recursos.
Desde las organizaciones convocantes se reclama además una apuesta clara por la investigación y por la recuperación del gasto público universitario.
Postura de la UAH
La postura de la Universidad de Alcalá (UAH) respecto a las movilizaciones universitarias de los días 26 y 27 de noviembre contra la LEY de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) es de prudencia: la institución muestra preocupación por la situación de la universidad pública, aboga por una financiación digna y pide unidad, pero no convoca oficialmente a la huelga. Aunque los órganos estudiantiles respaldan la paralización, la universidad no ha promovido un paro académico como tal.
Las protenstas vienen de lejos. En mayo de 2025, los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid —entre ellos el rector de la UAH— advirtieron del “riesgo” que atraviesa la universidad pública en la región. Señalaron la necesidad de «suficiencia financiera» sin perder autonomía.
En el acto de apertura del curso 2025/26, celebrado en el Rectorado de la UAH, el rector José Vicente Saz volvió a reclamar un “esfuerzo adicional” en la financiación pública, más estabilidad, autonomía universitaria y recursos adecuados para garantizar la calidad docente.
La UAH confirma que la situación de infrafinanciación, deterioro de infraestructuras y precariedad en recursos humanos está afectando al sistema —como denuncian los convocantes de la huelga— y demanda un “modelo estable” que permita planificar a medio y largo plazo.
Por qué la UAH mantiene una posición intermedia
La UAH ha preferido mantenerse como actor institucional que reclama mejoras —no como activista que convoca huelgas—, lo que le permite:
- Defender sus intereses a largo plazo: financiación, plantilla, inversión en infraestructuras, estabilidad.
- Preservar su autonomía institucional, evitando formas de protesta que puedan condicionarla.
- Aportar una voz razonada ante los problemas estructurales de la universidad pública madrileña, sin someterse a presiones partidistas.
Al mismo tiempo, su postura permite coincidir en buena medida con muchas de las reivindicaciones que motivan las huelgas y movilizaciones, lo que le da legitimidad como interlocutor en futuras negociaciones.
Qué piden los convocantes
Las demandas que articulan las plataformas y sindicatos son variadas pero convergentes. Entre las principales reclamaciones están:
- Aumento de la financiación pública hasta el 1% del PIB regional destinado a las universidades, cifra que consideran mínima para revertir la pérdida de capacidad docente e investigadora acumulada en los últimos años.
- Retirada o reforma profunda de la LESUC, por entender que el texto limita la autonomía universitaria, refuerza órganos de control externos (Consejos Sociales y Oficina de Control Económico) y facilita medidas sancionadoras contra la protesta estudiantil.
- Garantías de empleo y condiciones laborales estables para el personal docente e investigador, y un plan que ataje la precariedad y la fuga de talento.
- Protección del carácter público y crítico de la universidad, frente a lo que convocantes califican como “intentos de mercantilizar títulos y servicios” y ceder espacios de decisión a intereses privados.
Las convocatorias cuentan con el respaldo de sindicatos como CCOO y UGT, del Sindicato de Estudiantes y de los consejos de estudiantes y delegaciones de varios centros, que han hecho un llamamiento conjunto a la participación en actos informativos, piquetes y manifestaciones que se celebrarán en Madrid capital.
LESUC: los puntos más polémicos
La llamada LESUC —el proyecto autonómico de regulación de las enseñanzas superiores en Madrid— ha suscitado rechazo por varios de sus artículos y medidas. Entre los aspectos que han encendido las alarmas figuran:
- Mayor peso de los Consejos Sociales y de órganos externos en la supervisión económica y de gobierno de las universidades, cuyo control podría recaer en vocales designados con influencia política o empresarial, según denuncian rectores y sindicatos. Esto, sostienen, recorta la autonomía universitaria.
- Creación de una Oficina de Control Económico y Presupuestario con poderes para intervenir y fiscalizar la gestión universitaria, un órgano que en parte estaría controlado por representantes designados desde fuera de las universidades.
- Régimen sancionador severo: el borrador inicial contemplaba multas muy elevadas por determinadas conductas en campus (hasta 1.000.000 € en propuestas iniciales), y finalmente el Ejecutivo regional rebajó la cifra máxima a 300.000 euros para “infracciones muy graves”, lo que no ha atenuado las críticas. Entre las conductas tipificadas como sancionables figuran impedir procesos académicos, manifestaciones no autorizadas en espacios concretos del campus o la ocupación de instalaciones. Para los críticos, estas medidas coartan la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
- Incentivos a la concertación y a modelos que, según sindicatos, podrían favorecer la privatización de servicios o el trasvase de recursos a entidades externas. Los colectivos alertan de que el texto no garantiza recursos adicionales para sostener el gasto público y que puede consolidar la infrafinanciación estructural.
Antecedentes de la movilización
Las protestas no son nuevas: la comunidad universitaria madrileña ha protagonizado movilizaciones en los últimos meses por recortes, por concursos de traslados y por las políticas del Gobierno regional.
El debate sobre la LESUC ya acumulaba rechazo entre sindicatos, asociaciones estudiantiles y varios rectores desde que salieron a la luz los borradores con propuestas de sanciones y refuerzo del control externo. Además, el diagnóstico compartido por buena parte del sector es que la inversión pública en enseñanza superior en la región está por debajo de la media y que las medidas anunciadas no garantizan un incremento real del gasto.
Seguimiento y acciones previstas
En la primera jornada de paro se han reportado aulas vacías y actividad mínima en facultades como las de la Complutense, la Autónoma y la Rey Juan Carlos, mientras que el impacto ha sido desigual en otros centros, según corresponde a la heterogeneidad de apoyos locales.
Durante las dos jornadas están convocados piquetes informativos, “pasacampus”, clases en la calle dirigidas por profesores y, para el jueves, se ha anunciado una manifestación con salida desde Atocha hacia la Puerta del Sol en Madrid, organizada por las plataformas convocantes y apoyada por trabajadores de la enseñanza y sindicatos.
La postura de la Comunidad de Madrid
El Gobierno regional, por su parte, mantiene que la LESUC es necesaria para “modernizar” el sistema universitario madrileño, mejorar su gestión y garantizar “calidad y transparencia”. Desde la Consejería de Educación han defendido que las medidas sancionadoras no pretenden cercenar la protesta pacífica, sino atajar actuaciones que impidan el normal funcionamiento académico o vulneren derechos de terceros. El Ejecutivo autonómico ha asegurado además que está abierto al diálogo, si bien su defensa del texto ha ido acompañada de movimientos políticos —como la presentación de la norma con mayoría parlamentaria del PP— que alimentan las tensiones con la comunidad universitaria.
La Comunidad incluso ha recurrido medidas estatales (como el Real Decreto de Universidades del Gobierno central) ante el Tribunal Supremo, en un pulso que contextualiza la tensión institucional general sobre competencias y modelos de gobernanza universitaria.
Reacciones y riesgos
Rectores, sindicatos y juristas han advertido de riesgos jurídicos y prácticos si la norma se aprueba tal como figura en algunos borradores: posible vulneración de la autonomía universitaria, conflictos con normativa estatal y limitaciones al derecho de reunión y protesta en ámbitos universitarios. Por su parte, el Gobierno regional sostiene que actúa para garantizar que los campus no se conviertan en espacios de impunidad frente a actuaciones que perjudiquen al resto de la comunidad universitaria. elDiario.es+1
Qué puede pasar: escenario a corto plazo
En el calendario inmediato, además de las jornadas de paro, el pulso se traslada a la calle y a la opinión pública: manifestaciones, campañas de denuncia, comunicación a la Unión Europea y consultas jurídicas. Si la presión social y política se mantiene, cabe esperar que la Comunidad intente matizar algunos puntos o acelerar el diálogo con universidades y sindicatos; si no, el choque puede traducirse en más convocatorias y en un conflicto prolongado que afecte al curso académico.
La huelga de estos días dibuja un panorama de movilización y polarización alrededor del modelo de universidad pública en Madrid. Estudiantes, personal y sindicatos buscan trasladar a la opinión pública una advertencia: sin más recursos, autonomía y protección de derechos, la universidad pública corre el riesgo de perder capacidad docente, investigadora y de ser erosionada en su función crítica y social.
El Gobierno regional, por su parte, apela a la modernización y a la necesidad de control y “buena gestión”. El desenlace dependerá de la presión social, del ritmo parlamentario y, sobre todo, de si las partes encuentran o no una vía de negociación que reduzca la confrontación y asegure el futuro de las aulas públicas madrileñas.
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