Conflicto entre la compañía teatral La Locandiera y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares sobre el uso de los espacios culturales municipales, la continuidad de los proyectos asociativos y los criterios que deben regir la colaboración entre el Consistorio y las entidades culturales.
El pasado 3 de noviembre, la compañía denunció que sus integrantes no pudieron “acceder a su espacio habitual de ensayo en el Centro Sociocultural Gilitos”. El Ayuntamiento respondió que el convenio que regulaba su utilización había finalizado el 28 de octubre de 2026. Un convenio que establecía cuatro años de duración ‘improrrogables’ y que se había firmado con la corporación anterior, del partido socialista.
Al finalizar el mismo, el consistorio recordaba a la compañía que “cualquier asociación puede solicitar el uso puntual de instalaciones municipales, sujeto al procedimiento establecido y a la disponibilidad”.
La Locandiera reclama la firma de un nuevo convenio
Sin embargo, La Locandiera, fundada en 1994, sostiene que había solicitado antes del vencimiento “un nuevo convenio de colaboración” y que “no había recibido respuesta”. La asociación subraya que no reclamaba “una prórroga automática, sino que se estudiase una nueva fórmula de cooperación para continuar su actividad”.
Por tanto, la discusión no se limita a la finalización del convenio, sino que afecta a las condiciones en las que la compañía puede seguir utilizando espacios municipales y a la existencia de alternativas para mantener sus ensayos.
Además, la compañía considera que la pérdida del acceso a Gilitos “no es un hecho aislado, sino el último episodio de una sucesión de decisiones” que, a su juicio, han dificultado su trabajo “desde la llegada del actual concejal de Cultura, Santiago Alonso”.
La Locandiera relaciona esta situación con otros dos episodios anteriores. En 2025 denunció “la exclusión de su espectáculo Tindaya del VII Certamen de Teatro Juvenil OFM” y cuya polémica llegó hasta el pleno municipal. Por otro lado, también sostiene que “las exigencias documentales para participar en el programa municipal Alcalá a Escena” dificultaron su posibilidad de estrenar en el Teatro Salón Cervantes.
Sin local de ensayo ni de almacenamiento
Ahora, la asociación asegura que su nuevo proyecto reúne a más de 35 personas y mantiene cuatro montajes en preparación. Entre ellos se encuentra ‘Tefía: Vagos y Maleantes’, cuya representación estaba prevista para el 7 de noviembre en la Sala Margarita Xirgu. La obra aborda la represión franquista y la persecución de personas homosexuales.
La Locandiera sostiene que quedarse sin su espacio habitual de ensayo a pocos días de la representación supone “un obstáculo directo para preparar el montaje”.
También denuncia que el Ayuntamiento le ha pedido “desalojar el espacio de almacenamiento que utilizaba en la Nave del Gallinero, dentro del entorno de Gilitos”, sin ofrecerle “una alternativa concreta para trasladar y conservar vestuario, decorados, atrezo y otros materiales acumulados durante décadas”.
La compañía reclama “una explicación pública sobre la pérdida de acceso a Gilitos, una respuesta formal a su solicitud de un nuevo convenio, alternativas para los ensayos y el almacenamiento, y una reunión con la alcaldesa, Judith Piquet”. También anuncia que estudiará “posibles actuaciones administrativas y judiciales”.
El Ayuntamiento anuncia el fin de “las cesiones exclusivas y los monopolios culturales”
Frente a las denuncias de la compañía, fuentes municipales sostienen que La Locandiera “puede solicitar el uso puntual de espacios públicos, al igual que cualquier asociación o colectivo de Alcalá”. Las peticiones, explican, “deben tramitarse por los cauces establecidos y están condicionadas por la disponibilidad de las instalaciones”.
El Gobierno municipal defiende “un modelo de utilización de los espacios culturales abierto a todas las entidades” y asegura que “se han terminado las cesiones exclusivas y los monopolios culturales” que atribuye a la etapa anterior de gestión de Cultura, bajo el mandato de la anterior concejal de Cultura, María Aranguren.
Según esta posición, la trayectoria de una compañía merece reconocimiento, pero “no genera por sí misma un derecho de uso exclusivo de una instalación municipal”. El Consistorio afirma que “los recursos públicos deben poder beneficiar a diferentes colectivos culturales y que la utilización de los espacios debe regirse por criterios comunes”.
Uso del local de almacenamiento “sin convenio ni título de autorización”
En relación con la Nave del Gallinero, fuentes municipales añaden que La Locandiera ocupaba parte del espacio “sin convenio ni título de autorización de uso y que posteriormente habría ampliado la ocupación”.
En este sentido, el Ayuntamiento asegura que tiene preparado “un proyecto para habilitar seis trasteros en la nave, con el objetivo de optimizar los recursos municipales y permitir que puedan utilizarlos más entidades”.
La posición municipal, por tanto, se centra en la “finalización del marco de colaboración anterior y en la necesidad de aplicar un modelo de acceso a las instalaciones que no reserve espacios de manera exclusiva a una asociación”.
El PSOE pide explicaciones al gobierno municipal
Por su parte, el Grupo Municipal Socialista exige a la alcaldesa que explique por qué La Locandiera ha perdido el acceso a su espacio habitual de ensayo y reclama “una solución que permita a la compañía continuar su actividad dentro del marco legal”.
Los socialistas señalan que la asociación asegura “haber solicitado un nuevo convenio, espacios alternativos y una reunión con Alcaldía sin obtener respuesta”. Su portavoz, Javier Rodríguez Palacios, considera que una entidad con más de treinta años de trayectoria debería recibir contestación a sus peticiones sin tener que acudir a una denuncia pública.
El PSOE pide que el Ayuntamiento estudie con la compañía “una alternativa viable para los ensayos y responda por escrito a sus solicitudes. También reclama que se hagan públicos los convenios y autorizaciones que regulan el uso estable de los espacios culturales municipales, con sus fechas de vigencia y posibles prórrogas”.
En este sentido, la edil socialista María Aranguren reclama que el Gobierno “explique las diferencias entre entidades cuando unas pueden continuar utilizando instalaciones y otras pierden su espacio habitual. El grupo insiste en que los espacios municipales pertenecen al conjunto de la ciudadanía y que su gestión debe estar respaldada por reglas conocidas y aplicadas de forma igualitaria”.
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