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Un juzgado investiga a una educadora infantil del colegio concertado Alborada de Alcalá de Henares por presuntos malos tratos

Según publica hoy la SER Henares (haciéndose eco de El País), una docente del colegio Alborada ha sido acusada de presuntos malos tratos acontecidos el curso pasado. Tras ello el centro escolar ha remitido un comunicado a las familias en el que detalla la cronología de las actuaciones, defiende a las coordinadoras investigadas y confirma el despido disciplinario de la docente implicada.

El juzgado de instrucción correspondiente investiga la presunta comisión de malos tratos a bebés de 0 a 1 años en el colegio concertado mixto Alborada de Alcalá de Henares. Las actuaciones judiciales salieron a la luz a raíz de las informaciones publicadas por la Cadena SER y el diario El País, desencadenando una inmediata respuesta explicativa por parte de la Dirección de la institución académica a toda su comunidad educativa.

El origen de la causa judicial se sustenta en la denuncia interpuesta contra una educadora del primer ciclo de Educación Infantil, a la que se atribuyen episodios de violencia física y verbal hacia los menores bajo su cuidado durante el curso pasado. Asimismo, el procedimiento salpica a dos directivas y coordinadoras de la etapa escolar, sobre quienes las primeras informaciones apuntaban a una presunta falta de reacción ante los indicios recopilados. Sin embargo, las coordinadoras de la escuela afirman haber actuado rápidamente en cuanto tuvieron noticia del comportamiento inadecuado de la profesora despedida y cuentan con el apoyo del centro.

Los hechos investigados: acusaciones y material audiovisual

Según los datos revelados por la investigación periodística, la denuncia señala que la maestra incurrió de forma reiterada en conductas violentas dentro del aula de lactantes (0 años), donde atendía de forma continuada a un grupo compuesto por ocho niños y niñas. Entre los hechos que se indagan se incluyen supuestos golpes en la cabeza y en la boca, zarandeos bruscos, mofas y humillaciones hacia los bebés.

Adicionalmente, las pesquisas analizan maniobras de alimentación forzada. La acusación sostiene que la docente llenaba en exceso la boca de los pequeños con comida y los obligaba a tragar tapándoles la nariz para impedirles respirar con normalidad.

Toda la vertiente probatoria que ha dado pie a la apertura de las diligencias judiciales se fundamenta en un vídeo y un audio grabados por otras profesoras del propio centro educativo. Este material audiovisual, incorporado de forma directa al sumario, fue aportado para acreditar las irregularidades en el trato a los menores. La maestra implicada, por su parte, ha rechazado la veracidad de las imputaciones.

La respuesta del colegio: desmentidos, cronología y despido disciplinario

Ante el impacto de la noticia, el director del colegio Alborada, David Arranz, ha dirigido una extensa carta oficial a las familias para contar la información real y corregir determinados extremos publicados que califica de inciertos, con especial énfasis en el momento en que la Dirección tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo.

En el comunicado se desmiente tajantemente que la institución tuviera constancia de conductas inapropiadas el pasado mes de febrero. Según la versión del centro, el primer aviso se produjo en el mes de abril, cuando una compañera alertó de que la docente había gritado a un alumno. En aquel momento, la Dirección apercibió a la trabajadora, recordarle el trato exigido y someterla a un seguimiento interno.

El desencadenante definitivo se produjo semanas más tarde:

  • 6 de julio: El colegio recibe el vídeo grabado por otras trabajadoras. Ese mismo día se le incoa un expediente disciplinario a la profesora y se la aparta de forma inmediata de cualquier contacto con el alumnado.
  • 13 de julio: Concluida la investigación interna de la empresa, se decreta el despido disciplinario de la educadora.

El centro precisa que la trabajadora desempeñaba sus funciones de forma continuada con el grupo de ocho lactantes y que sus incursiones en otras aulas se limitaron a apoyos o sustituciones puntuales durante periodos vacacionales. Asimismo, la Dirección recalca que en las rutinas de comedor la maestra contaba con la presencia de personal de apoyo, marco en el que no consta ninguna incidencia registrada.

Matices sobre la situación procesal y medidas de seguridad

Respecto a la derivación judicial que se mantiene en curso —y en la que el centro asegura estar colaborando de forma plena con la Policía, la Inspección Educativa y el Juzgado—, la Dirección del colegio Alborada enfatiza un matiz clave sobre las responsabilidades penales que se dirimen en la causa.

El comunicado enviado a los padres subraya que la única persona investigada por presuntos malos tratos es la profesora despedida. En relación con las otras dos profesionales citadas en las actuaciones, el colegio aclara que comparecen de forma exclusiva por su condición formal de coordinadoras del centro y que no se les imputa ningún tipo de conducta violenta ni maltrato directo sobre los alumnos.

Por respeto a la presunción de inocencia de las investigadas, la intimidad de los menores afectados y la reserva del sumario judicial, el colegio ha rehusado hacer valoraciones sobre el fondo de las acusaciones penales. No obstante, ha anunciado la activación inmediata de un protocolo de revisión organizativa y de supervisión en todas las aulas, reforzando los canales de comunicación interna para que los empleados puedan alertar de cualquier anomalía con la máxima agilidad.

La Dirección ha mantenido contactos personalizados con las familias del aula afectada y mantiene abiertos los canales institucionales para atender las dudas de los progenitores.

Carta enviada a las familias

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