El Partido Popular de Madrid va a registrar mociones en todos los ayuntamientos de la región para denunciar el colapso de los servicios públicos consecuencia de la irresponsable política migratoria y de la falta de planificación y de dotación económica por parte del Gobierno de España.
De esta forma, los ayuntamientos exigirán al Gobierno de España que cualquier proceso de regularización sea individualizado y esté acompañado de una memoria económica detallada, un procedimiento transparente, criterios claros y definidos, así como la habilitación de una financiación suficiente para que los municipios puedan afrontar su impacto, tanto en los procedimientos de tramitación como en el consiguiente desarrollo de itinerarios de inclusión social y laboral.
Asimismo, los ayuntamientos instarán al Gobierno de España a retirar el Real Decreto de regularización masiva por carecer de los mecanismos de control necesarios, por vulnerar los principios europeos en materia migratoria y por contravenir los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y a tramitar cualquier modificación en materia de extranjería como proyecto o proposición de ley en el Congreso de los Diputados, garantizando el debate parlamentario, la seguridad jurídica y la participación de los grupos políticos
Así lo ha explicado hoy el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que ha calificado de “irresponsable” la política del Gobierno con este decreto de regularización masiva puesto que “está tensionando los servicios de extranjería y colapsando los servicios públicos de los ayuntamientos de toda la región”.
Además, Serrano ha asegurado que el PP de Madrid no va a ser corresponsable de esta “irresponsable” política del Gobierno y ha acusado al delegado del Gobierno de “lavarse las manos”. “Denunciamos la falta de responsabilidad, de criterio y de planificación del Gobierno de España”, ha finalizado.
El Gobierno de España no tiene política migratoria, no controla las fronteras, practica un relato que genera efecto llamada y después se desentiende de los problemas transfiriendo la carga a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que se ven obligados a afrontar con sus recursos las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno.
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