El Grupo Municipal de VOX ha cargado duramente contra la actitud de las concejales socialistas Blanca Ibarra y Patricia Sánchez, así como del conjunto del PSOE local, por lo que califican como una “falta deliberada a la verdad” en el marco de la comisión de investigación sobre los contratos adjudicados a familiares directos de ambas ediles. VOX denuncia que, lejos de colaborar con la transparencia y la rendición de cuentas que exige la ciudadanía, las concejales implicadas han optado por esconderse tras el silencio y la opacidad.
Según ha revelado el portavoz de VOX en Alcalá de Henares, Víctor Acosta, ni los familiares que figuran como beneficiarios de los contratos han acudido a la comisión, ni las concejales han respondido a las preguntas planteadas por los vocales. “Si, como dicen, todo es legal y estamos sacando las cosas de contexto, ¿por qué se niegan a contestar? Aquí lo que está en juego es la limpieza de nuestras instituciones”, ha declarado Acosta.
VOX advierte que la gravedad de los hechos va más allá de las adjudicaciones. La semana pasada, en la sesión de la comisión, varios ediles socialistas admitieron conocer a los familiares de las concejales implicadas incluso en el momento de la firma de las facturas. “Es escandaloso. En lugar de asumir responsabilidades, los socialistas han preferido culpar a los funcionarios para salvar sus carreras políticas. Es el modus operandi de la izquierda: manipular el sistema, proteger a los suyos y criminalizar al adversario”, ha señalado el portavoz.
Para VOX, esta situación refleja lo que califican como “la degeneración moral del PSOE” y la utilización sistemática de las instituciones para favorecer intereses particulares. “Este caso no es una excepción. Es una muestra más del clientelismo, el amiguismo y la corrupción estructural que define al PSOE allá donde gobierna”, ha afirmado Acosta. “Los vecinos no pagan impuestos para financiar redes familiares, sino para recibir servicios públicos dignos y transparentes”.
VOX ha exigido que se depuren responsabilidades y que se garantice que las instituciones no se utilicen para beneficiar intereses personales o familiares. “Estamos aquí para defender a los vecinos y exigir que se actúe con ejemplaridad. La opacidad no tiene cabida en la gestión pública”, ha concluido Acosta.
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