La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado sentencia en el caso por prevaricación administrativa derivado de la demolición de una vivienda en la Cañada Real. El tribunal ha absuelto al excomisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, Markel Gorbea Pérez, y ha condenado a Julio César Santos García, entonces jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público en el área de urbanismo.
Una orden de demolición sin garantías
Los hechos se remontan a julio de 2022, cuando se ejecutó la demolición de la vivienda de Abdessadek Charib en la parcela 203 del sector 6 de la Cañada Real. Charib, residente legal en España y empadronado en ese lugar desde 2006, vio desaparecer su casa de ladrillo y todos sus bienes personales mientras se encontraba de viaje en Marruecos.
La acusación —presentada por el Ministerio Fiscal y la acusación particular— sostenía que la demolición fue arbitraria y vulneró el procedimiento legal. La sentencia confirma que el funcionario municipal ordenó la demolición a sabiendas de que Charib residía allí, ignorando que aún estaba pendiente de resolución un recurso de reposición interpuesto por el afectado. La actuación, según la Sala, fue “manifiestamente arbitraria” y privó al ciudadano de sus garantías legales y de la posibilidad real de recurrir en vía judicial.
Una comunicación insuficiente y una actuación precipitada
La clave de la actuación irregular fue un correo electrónico que Markel Gorbea, entonces comisionado regional para la Cañada Real, envió a Santos el 13 de julio de 2022, informando del “abandono flagrante” de varias parcelas, incluida la 203. Aunque ese mensaje fue interpretado por Santos como una justificación para ordenar la demolición inmediata, la sentencia aclara que dicha comunicación no constituía una solicitud formal ni eximía de la obligación de verificar los datos existentes.
En su declaración, Gorbea reconoció haber enviado el correo pero defendió que no tenía autoridad ejecutiva ni competencias para ordenar demolición alguna, y que su función era meramente informativa y de coordinación interadministrativa. La Sala le da la razón y concluye que “no debe responder penalmente quien carece de posición de dominio sobre el hecho delictivo y no pudo impedirlo”.
El fallo: condena e indemnización
El tribunal considera probado que Julio César Santos actuó a sabiendas de la injusticia de la orden que firmó y que ignoró voluntariamente el procedimiento administrativo en curso, incluyendo el recurso pendiente de resolución. Por ello, se le impone la pena de nueve años de inhabilitación especial y se declara la nulidad de la orden de demolición dictada el 14 de julio de 2022. Además, se le obliga a indemnizar a Abdessadek Charib, cantidad que será determinada en ejecución de sentencia.
Asimismo, se declara la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Madrid por los daños causados.
Un caso con relevancia social y urbanística
La vivienda demolida era una infravivienda situada en terreno no urbanizable de la Cañada Real. Sin embargo, Charib tenía reconocido en un principio un derecho al realojo por parte de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, aunque este le fue retirado posteriormente sin que nunca se le ofreciera una alternativa adecuada. Su empadronamiento de más de 16 años y la documentación aportada hacían constar su residencia habitual.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el tratamiento de las infraviviendas en la Cañada Real, la coordinación entre administraciones y la necesidad de garantizar derechos fundamentales incluso en contextos urbanísticamente irregulares.
La sentencia, con fecha 16 de julio de 2025, no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Markel Gorbea
Markel Gorbea Pérez ocupaba el cargo de Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana, nombrado por decreto el 8 de julio de 2021.
Antes de este nombramiento, Gorbea fue concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares entre 2015 y 2019, donde desempeñó las funciones de portavoz en la oposición para áreas como Cultura, Turismo, Patrimonio, Universidad y Festejos.
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