Palacio de los Arzobispos: archivos abiertos

Archivo General Central 1858-1939

En la tarde del 11 de agosto de 1939 ardía el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, sumando a la triste nómina de pérdidas monumentales de la Guerra Civil uno de los edificios más emblemáticos y significativos de la ciudad.

Residencia de los arzobispos de Toledo y sus vicarios, las primeras noticias del Palacio se remontan a 1209, en que se verifican obras para la edificación de un castillo en el extremo noroeste de la localidad, fortificación que durante los siglos XIV y XV irá incorporando una serie de construcciones ya de signo palaciego y gusto mudéjar, como el Salón de Concilios, que dio cobijo a las Cortes de Castilla que en 1348 promulgaron el famoso Ordenamiento de Alcalá y que fue nuevamente construido entre 1422 y 1434, o el salón de Isabel la Católica, de la primera mitad del siglo XV.

Este complejo militar-palaciego fue transformado en mansión renacentista gracias al mecenazgo de los arzobispos Fonseca y Tavera, que propiciaron la construcción de su magnífica fachada renacentista y de una serie de claustros o patios, hoy desparecidos, como el Patio de la Aleluya o el Patio de Columnas, con su magnífica escalera almohadillada.

Pero el incendio no afectó únicamente al edificio: destruyó los miles y miles de legajos que conformaban el Archivo General Central, uno de los principales del Estado, instalado en el Palacio Arzobispal desde mediados del siglo XIX. Al daño infligido al patrimonio monumental se sumaba la desaparición irreparable de una buena parte de la memoria documental del Estado y la Nación.

En efecto, el Archivo General Central fue creado por Real Decreto de 17 de julio de 1858 junto a la institución profesional que lo serviría, el Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, con el objeto de dotar al Estado de un Archivo cercano a la capital que pudiera recoger, organizar y custodiar los documentos producidos por la Administración General del Estado una vez hubiera finalizado su tramitación y dejara de ser frecuente su consulta en los centros que los habían generado. No obstante, también custodió temporalmente una serie de fondos históricos del Antiguo Régimen, como los de los tribunales de la Inquisición de Toledo y Valencia, la Cámara de Castilla, la Secretaría de Estado y parte de los documentos de la Universidad Complutense, consultables hoy en el Archivo Histórico Nacional de Madrid.

A mediados de la década de 1930 el Archivo albergaba alrededor de 150.000 legajos, que podrían organizarse en cuatro secciones. La primera, denominada Clero, acogía la documentación producida por la Iglesia Magistral de Alcalá entre los siglos XVI y XVIII. La segunda, Ministerios, estaba constituida por los fondos documentales de varios departamentos ministeriales (Fomento, Gobernación, Guerra, Hacienda y Presidencia del Consejo de Ministros), datados entre los siglos XVI y XIX y con información preciosa para el estudio de todas las esferas de la vida social de nuestra Edad Moderna y siglo XIX. La tercera aglutinaba los fondos documentales del Tribunal de Cuentas, esto es, los documentos fiscalizadores de la actividad económica del Estado en todas sus dependencias ministeriales, los cuales se podían remontar hasta el período medieval y abarcaban los territorios peninsulares y ultramarinos de América, África y Filipinas. Finalmente, la cuarta sección la conformaban los Protocolos Notariales del Distrito de Alcalá de Henares anteriores a 1832, y fue ésta la de último ingreso en el Archivo, aunque de extraordinario valor local.

Todo ello ardió en la tarde del 11 de agosto de 1939, provocando una laguna documental de considerable alcance en la memoria del Estado y también en la de la ciudad de Alcalá durante su Edad de Oro.

Treinta años después, en 1969, se creaba el Archivo General de la Administración y, como en 1858, se elegía la ciudad de Alcalá para su ubicación. Entre sus funciones se encuentran hoy las mismas que dieron sentido a su venerable predecesor: recoger, organizar y poner a disposición pública los documentos producidos por el poder ejecutivo del Estado, de modo que el ciudadano pueda utilizarlos para la investigación científica, el aprovechamiento cultural o el simple ejercicio de sus derechos.

Daniel Gozalbo Gimeno
Archivo General de la Administración

El incendio: Agosto 1939

El 11 de agosto de 2020 se cumplen 81 años del pavoroso incendio que destruyó el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, actual sede del Obispado alcalaíno y desde 1859 hasta 1939, Archivo General Central. Por tanto, el incendio se llevo por delante no solo un edificio cuyos inicios de construcción se remontaban al siglo XIII, y que había sido embellecido a lo largo de los siglos, sobre todo en la época del Renacimiento con ricos artesonados, patio de columnas y escalera obra de Covarrubias, similar a la existente del mismo autor en el Hospital de la Santa Cruz de Toledo; sino que además, hizo desaparecer mas de cien mil legajos con la documentación administrativa del Estado español correspondiente de forma aproximada a tres siglos.

En la Guerra Civil, el edificio con todo su componente artístico y monumental incluido, había sido ocupado por el ejército republicano e instalado en su interior una base de carros de combate. Los sucesivos bombardeos que sufrió la ciudad complutense, bien por casualidad o por que la aviación franquista, que era quien lanzaba los proyectiles conocía el valor del edificio y su contenido, respetó el Palacio, concluyendo la contienda civil con el inmueble intacto.

El ejército vencedor continuó con la misma utilización del edificio iniciada por el perdedor, es decir Base de carros de combate y taller de reparación de los mismos. Para llevar a cabo este cometido, los militares no dudaron en llenar las dependencias con sustancias inflamables, tales como gasolina, ácido sulfúrico, aguarrás, etc., además de munición perteneciente a los tanques…y lo peor del caso es que prácticamente en la puerta de la nave utilizada como taller, habían ido creando un vertedero con todos los desechos de cajas de envoltorios, papeles y trapos impregnados de las sustancias antes descritas, cuya altura alcanzaba las ventanas del primer piso dela nave. El peligro que este estercolero representaba era evidente. Por otra parte, las medidas de vigilancia eran mínimas al tener dos centinelas para un edificio cuyo perímetro era enorme, y las de seguridad, sencillamente brillaban por su ausencia.

El Director del Archivo durante su mandato, que duró veinticinco años, el catedrático Lacarra en su época de funcionario de la Junta de Incautación durante la Guerra Civil y el primer alcalde franquista inmediatamente después de terminada ésta,’ comunicaron a los distintos gobiernos el peligro que representaba el mas mínimo conato de incendio en un edificio como éste, empeorado por el hecho de que fuera utilizado por el Ejército como taller de reparaciones.

Nadie escuchó las diversas peticiones, manteniéndose la base militar, y en la tarde del 11 de agosto de 1939 comenzó el ver-tedero a arder. El fuego penetró en las naves. Los tejados eran un inmenso bosque de maderas. El contenido: kilómetros de papeles de los mencionados más de cien mil legajos. Animado todo esto, por si fuera poco, por las explosiones de la munición almacenada por los militares, a medida que ésta era alcanzada por las llamas. Desde luego era el mejor sitio para instalar un polvorín por pequeño que éste fuera, si la intención era volar contenido y continente.

Así fue. Cuando llegaron los bomberos de Madrid – en Alcalá en aquella época cuerpo de bomberos propiamente dicho no existía- mas de un tercio el edificio era pura ruina, no pudiendo rescatar nada del resto.

En la madrugada del sábado día 12 de agosto no existían Palacio ni Archivo.

Comenzó a trabajar de inmediato, la misma noche del 11 de agosto la justicia militar. Requirió la presencia de cuatro militares, once jornaleros que trabajaban en la huerta del edificio y otro personal civil, y ocho menores de edades comprendidas entre siete y catorce años. Entre todos comparecieron ante el Juzgado en 38 ocasiones, de las cuales el 56% fueron los menores y solo el 10% los militares, cuando era un establecimiento utilizado y regido por éstos.

El mismo día del incendio el Gobernador militar acusó por escrito a los bomberos de ser los responsables de la extensión de las llamas debido al miedo y pasividad ante el hecho de tener que subir a los tejados, por lo que les fue abierto un expediente por el Ayuntamiento de Madrid, el cual fue cerrado sin encontrar ninguna culpabilidad de éstos. Los militares buscaban eludir de la manera que fuera su responsabilidad en el incendio.

La conclusión del Juez militar fue la de acusar a un menor de nueve años de edad [después de haber comparecido en cinco ocasiones, la última de siete horas de duración] de haber sido el único responsable de haber incendiado el vertedero y provocado la catástrofe, transfiriendo el expediente a la justicia ordinaria en diciembre del mismo año 1939. El juez civil en los meses de enero y febrero de 1940 convocó de nuevo a algunas personas, entre ellas a algunos de los menores, de las que ya habían declarado con anterioridad y de nuevas al Director del Archivo, Alcalde de la ciudad y Arquitecto Jefe de los bomberos de Madrid, éste último presente en el incendio desde la llegada de éstos al lugar de la catástrofe.

Los nuevos declarantes no aportaron grandes novedades al caso, excepción hecha de las diferencias de apreciación entre el Alcalde, quien manifestaba que el agua no había faltado en ningún momento y los bomberos, todos, que decían que el agua faltó desde el primer momento, como en efecto así fue.

El juez no encontró razones para imputar a nadie. El menor encausado con anterioridad se desdijo de todo lo dicho meses antes. En 1946 el expediente fue sobreseído. No figura ninguna nota referente a este suceso en las hojas de servicio de los responsables militares de la base de carros en Alcalá de Henares. Sencillamente para el Ejército este hecho no existió.

José María San Luciano Ruiz

Archivo Moreno del I. P. C. E.

El Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) conserva un valioso conjunto de archivos fotográficos antiguos, englobados en la Fototeca del Patrimonio Histórico, que presentan como característica especial el reflejo en sus imágenes de diversos aspectos que constituyen el patrimonio cultural de nuestro país: vistas, monumentos, obras de arte, yacimientos arqueológicos, vestigios industriales y elementos de la cultura inmaterial. Entre éstos, uno de los más destacados es el fruto de la dedicación profesional de Mariano Moreno y su hijo Vicente, que, en un período que abarca desde 1893 hasta el fallecimiento de Vicente en 1954, forman un archivo compuesto por cerca de sesenta mil clichés, denominado por sus autores y propietarios como Archivo fotográfico de Arte Español.

Dada su importancia, y mostrando una avanzada visión para la época, fue adquirido, en 1955, por el Estado para su conservación y difusión pública. Marcando esta adquisición un camino de recuperación de imágenes fotográficas históricas por el que el IPCE sigue transitando.

Efectivamente, a la adquisición del archivo Moreno siguió la de otro importante archivo de arte, referencia obligada para los estudiosos de la materia y de todos aquellos interesados en conocer el aspecto de nuestras ciudades y paisajes en el siglo XIX, el Archivo RuizVernacci que guarda entre sus cuarenta mil placas negativas más de siete mil fotografías realizadas por J. Laurent con el procedimiento fotográfico artesanal del colodión. Posteriormente fue adquirido el Archivo Arbaiza, el Archivo Villanueva y, ya en este nuevo siglo que comienza, los archivos Loty, Pando y Wünderlich. A ello se han unido las generosas donaciones de los archivos fotográficos realizados por el eminente arqueólogo Juan Cabré, compuesto por cerca de cinco mil placas de vidrio; las diez mil placas, en su mayor parte estereoscópicas, tomadas por Ignacio de Colmenares y Orgaz, conde de Polentinos, en numerosas excursiones y visitas culturales efectuadas en las primeras décadas del s. XX; y las donaciones de fotografías y documentos sobre la protección del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil recibidas de Joselino Vaamonde Horcada y Guadalupe Fernández-Balbuena Gascón.

La organización de la presente muestra y la edición de una monografía a cargo de uno de sus comisarios sobre el lamentable incendio que sufrió el Archivo General Central del Reino, con motivo del setenta aniversario de los hechos, constituye para el IPCE una excelente oportunidad para la difusión pública de estas imágenes, especialmente en la localidad de Alcalá de Henares, de cuyos ‘monumentos se conservan numerosas placas en la Fototeca del Patrimonio Histórico.

Agradecemos por tanto a las instituciones organizadoras de la exposición la oportunidad que nos brindan de mostrar el conjunto completo de fotografías del’ Palacio Arzobispal conservadas en el Archivo Moreno. Este conjunto, formado por sesenta y ocho placas, guarda memoria detallada de los diferentes espacios del edificio perdidos a causa del incendio. Son fotografías que permiten reconstruir visualmente con proliferación de detalles el aspecto original y la riqueza arquitectónica del patio de Fon-.seca, el salón de Concilios y la considerada como una de las mejores creaciones del plateresco español: la escalera de Covarrubias. Este importante conjunto de fotografías del Archivo Moreno sobre el Palacio Arzobispal se completa con la inclusión en la muestra de las doce imágenes del edificio conservadas en el Archivo Loty, que fueron realizadas por António Passaporte para la mencionada firma a finales de la década de 1920.

Con la participación en esta exposición, el Instituto de Patrimonio Cultural de España cumple uno de sus cometidos más importantes: la difusión de uno de los fondos más excepcionales del Patrimonio Cultural Español, sus colecciones fotográficas.

Antón Castro Fernández
Subdirector General del IPCE

• Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares
• Paseo virtual por el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares

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