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El Consejo de Estudiantes de la UAH considera la Ley de Universidades insuficiente

El pasado 21 de junio de 2022 se aprobó en Consejo de Ministros el Anteproyecto de la nueva ley de universidades, cuyas negociaciones se han extendido a lo largo del último año y medio. “El estudiantado universitario participó en estas negociaciones mostrando sus principales demandas que, sin embargo, no se han visto reflejadas en este texto”, denuncian desde el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcalá (CEUAH).

Y añaden que el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcalá, que ha sido parte activa en estas negociaciones, ha reivindicado “desde el primer momento las necesidades del estudiantado de la UAH, y ya ha iniciado las negociaciones internas para que estas medidas aparezcan, si no en la ley orgánica, sí de forma concreta en los Estatutos de la Universidad de Alcalá”.

Estas necesidades son, entre otras, el consenso con el estudiantado en las decisiones que les afecten (que obligaría a contar con la mayoría favorable del sector de estudiantes), alcanzar un 35% de representación en todos los órganos de gobierno de la universidad, contar con una Defensoría Universitaria tripartita que cuente con un estudiante y represente a toda la comunidad universitaria, que se ofrezca formación en todas las lenguas cooficiales presentes en el Estado para favorecer la igualdad de oportunidades o que se favorezca la creación de un reglamento de conciliación entre la actividad académica y la vida universitaria.

“Ante el rápido avance de una ley orgánica que, buscando el consenso para favorecer su aprobación, solamente cuenta con unas garantías mínimas para la comunidad universitaria, el estudiantado de la UAH considera fundamental que, a falta de saber si estas demandas serán incluidas en la ley, nuestra universidad se comprometa a incluirlas en su normativa interna con independencia de su aparición en el texto legislativo general. Solo de esta forma la Universidad de Alcalá seguirá a la vanguardia de los derechos estudiantiles en el Sistema Universitario Español”, concluyen.

Ayuso: “Es contraria a lo que necesitan los alumnos del siglo XXI”

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado: “Esta nueva Ley de Universidades se ha pergeñado en momentos complicados, sin apenas consenso, y, a nuestro juicio, no causan más que problemas”, ha señalado la presidenta, quien ha destacado, que, para empezar, rompe con el principio de excelencia para ser rector en una universidad española y con el sistema único de acreditación de docentes universitarios de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Es una ley, según Díaz Ayuso, que, «en líneas generales, como todas las que están poniendo en marcha e impulsando desde el Ministerio, o bien de Educación o bien de Universidades, van en la línea contraria de lo que necesitan los alumnos hoy en el siglo XXI, que es la excelencia, capacidad, conocimientos y formación, y, por tanto, están causando un daño tremendo a las nuevas generaciones”.

Sin información sobre las últimas modificaciones

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, explica que va a solicitar al Ministerio que aclare aspectos modificados en la Ley en el último momento, como la introducción en la concesión de las becas y ayudas, además de los criterios económicos, del “origen nacional y étnico” o la priorización de la contratación de mujeres, este ya incluido en anteriores borradores.

El Gobierno autonómico ha informado de que entre las 37 alegaciones que presentó al último borrador de la Ley, ninguna ha sido incluida por el Ejecutivo central en el texto definitivo, lo que denota que carece del mínimo consenso imprescindible. 

Una de las presentadas hacía mención a la regulación en el acceso al cargo de rector, que rebaja los requisitos, ya que en la actualidad sólo los catedráticos pueden optar a él, mientras que el documento aprobado ayer sólo pide ser doctor.

Otra novedad es la representación que la LOSU otorga a los estudiantes en los órganos de gobernanza, de un 25%, y que según el vicepresidente va a provocar que «se les conceda voz en cuestiones que ni les competen ni pueden asumir”. “También establece su participación en la elaboración e implantación de los planes de estudio y guías docentes. Es decir, se les deja decidir sobre aquello que desconocen porque precisamente han ido a la universidad para aprenderlo”, ha subrayado.

En este sentido, y también relacionado con el alumnado, el nuevo texto introduce criterios no académicos en los méritos exigibles para la consecución de un título, porque prevé otorgar créditos “por su implicación en las políticas, las actividades y la gestión universitarias, incluidas las actividades de asociacionismo estudiantil, culturales, solidarias, de cooperación y de colaboración con el entorno. Por último, la LOSU establece los “paros académicos” como un derecho porque prevé que se hagan cuando así lo decida el órgano de representación del alumnado.